Se recuerda que en 2005, tras los azotes de los huracanes Katrina y Rita en Estados Unidos, que conllevó a un aumento en los precios de la calefacción y escasez de combustible, el presidente Hugo Chávez creó el Programa "Venezuela-CITGO de Combustible para Calefacción", con la finalidad de ayudar a más de 200 mil familias de bajos recursos y en situación de refugio.

En contraste, para octubre 2020, Elliott Abrams declaraba: "Estamos tratando de detener la exportación de crudo del régimen de Maduro en Venezuela, y una de las formas de detenerlo es evitar que la gente lo cambie por varios productos", haciendo referencia al diésel, producto primordial para la economía venezolana.

Con esta retrógrada práctica en política exterior, son evidentes las enormes diferencias que separan a estos paradigmas.

La idea de Abrams de escalar con la restricción a las dinámicas comerciales con el diésel, en el marco de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), tiene sus defensores. A finales de febrero 2021, James Story expresó que no apoya la posibilidad de levantar las "sanciones" del intercambio de petróleo por combustibles como el diésel.

Las empresas que participaron en el intercambio, también conocidos como swaps, fueron Repsol, Reliance y Eni, que en suma durante el primer semestre de 2020 enviaron 1,35 millones de barriles de diésel, siendo el último envío de este activo por parte de Reliance en noviembre del año pasado.

Antes de implementar esas medidas, ya la prensa occidental publicaba que estaba sobre la mesa esa opción. Así que empresarios y organizaciones, acompañados por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, sus siglas en inglés), enviaron una carta en respuesta a esas próximas nuevas "sanciones" destinada a Mike Pompeo y a Steve Mnuchin, que para ese entonces fungían como Secretario de Estado y Secretario del Tesoro respectivamente.

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Captura de pantalla de la carta de WOLA a Mike Pompeo y Steven Mnuchin en 2020 (Foto: Archivo)

En la carta expresaban su estado de alarma y recomendaban seguir otorgando excepciones a los intercambios de diésel por crudo. Igualmente, señalaban algunos datos esclarecedores, a saber:

• Empresas de Europa y Asia representan casi el 80% de los envíos de crudo que salen de Venezuela. Esto pondría en riesgo, sin duda, a la economía del país.
• En Venezuela, el diésel se utiliza principalmente para la generación de energía y el transporte de carga a granel, incluidos alimentos, medicamentos y suministros humanitarios. Las consecuencias serían devastadoras para la población.
• El diésel es utilizado por los generadores eléctricos de respaldo que se emplean en las clínicas privadas y hospitales públicos del país, incluidos los generadores enviados por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
• Con datos de 2018, el 85% del consumo de diésel se utilizó para el transporte de carga y el 15% para el transporte de pasajeros. Más del 70% de la población venezolana depende del transporte público para comprar alimentos y medicinas.
• El sector alimenticio se podría paralizar. Los camiones pesados dependen del diésel para transportar suministros desde los puertos y aeropuertos a las ciudades, así como para transportar animales.
• La energía eléctrica en Venezuela se genera a partir de fuentes hidroeléctricas y térmicas, siendo el diésel el combustible esencial para la generación de electricidad.
• Otra área afectada sería la producción y el suministro de gas.

Al finalizar la carta, dejan clara su postura contraria al gobierno venezolano, pidiendo tomar en cuenta las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y cierran con: "Los venezolanos de hoy ya están sufriendo las consecuencias de los esfuerzos explícitos del gobierno de Estados Unidos para limitar el suministro de gasolina al país".

Así como la carta aglutina a más de 100 organizaciones e individuos, también otros analistas en temas petroleros del país han expresado las consecuencias de las MCU a las importaciones del diésel, como el profesor y economista Carlos Mendoza Potellá, quien considera que "la importación de diésel es vital en este momento, porque es la sangre del aparato económico, que mueve la economía, que mueve a los sectores agrícolas y pecuario, a la industria y al comercio".

Incluso, el economista antichavista Francisco Rodríguez tiene rato comentando las repercusiones, representando un síntoma político en torno al quiebre del consenso en el relato del bloqueo contra Venezuela en la oposición venezolana:

Aparentemente, la administración de Joe Biden ha asomado señales sobre la posibilidad de restablecer los swaps de crudo por diésel, en enero, recién designado como Secretario de Estado, Antony Blinken, dijo a la prensa que respalda la presión contra Venezuela pero cree que pueden "tratar de hacer en términos de asistencia humanitaria".

Es bien sabido que la industria petrolera de cualquier país se debe a las actividades propias del comercio internacional, prohibir o restringir algún proceso de esta índole busca quebrar con su debido funcionamiento.

La solución al recrudecimiento paulatino de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela no puede enfocarse solamente en la solicitud de licencias o permisos, es decir, un país no puede estar bajo el yugo de los que se creen excepcionales sólo porque no se obedecen sus designios. Esto rompe con todos los términos del Derecho Internacional y los tratados multilaterales de no agresión.

Además, si se toma en cuenta la atención que se le puede prestar a la solicitud de licencias en general, el informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de los Estados Unidos (GAO, sus siglas en inglés) determinó, en parte, que en el Departamento del Tesoro no se rastrea ni se analiza sistemáticamente la información para identificar los problemas recurrentes en la imposición de "sanciones", es decir, se encuentran "limitados" para garantizar que las MCU no interrumpan la asistencia humanitaria.

Existe un sinfín de informes, pruebas, denuncias y declaraciones de autoridades de instancias multilaterales que demuestran las consecuencias reales de las "sanciones" a la población venezolana, los gobernantes de turno de Estados Unidos lo saben muy bien. Pudiera tildarse de ineptitud el manejo con rodeos sobre este asunto "sancionatorio", pero es parte del showbusiness humanitario que fingen promover.

A confesión de parte, relevo de pruebas ("acelerar el colapso de Venezuela"):