El 18 de abril se vence el plazo de la Licencia General Nº44, emitida el 18 de octubre de 2023 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que permite transacciones que involucren a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en los rubros del gas y el crudo en la órbita de influencia estadounidense. Hay sectores políticos de Estados Unidos que presionan por que el instrumento jurídico termine de expirar para volver al esquema de sanciones de "máxima presión" sobre Venezuela.

Sin embargo, otros grupos aseguran que la administración de Joe Biden extenderá por otro periodo tal herramienta, o que en todo caso se emitirá una nueva, similar a la 44, pero con modificaciones en respuesta a los acontecimientos políticos en Venezuela.

Desde que el Departamento de Estado publicó un comunicado de prensa en el que amenaza con no prolongar la licencia, decenas de reportajes y análisis han surgido en el marco de que Estados Unidos en efecto cumplirá con volver a la situación anterior a la Licencia 44. Han privado los estudios sobre cuánto puede perder la economía venezolana con su no renovación, que según el economista y académico de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, "si se revirtiese solo el efecto de la Licencia General 44 pero se mantiene la de Chevron, la caída en ingresos sería menor, de 1,6 millardos de dólares o 1,4% del PIB".

Uno de los analistas venezolanos más citados es Francisco Monaldi, académico del Instituto Baker de la privada Universidad Rice en Houston, Texas (Estados Unidos), quien asegura que "se espera que la producción apenas crezca hasta 2026, disminuyendo a partir de entonces si se restablecen totalmente las sanciones petroleras".

Las previsiones sobre la producción hidrocarburífera son alentadoras sin la amenaza del Departamento de Estado. La consultora noruega Rystad Energy admite que "la posible reimposición de sanciones sigue siendo una preocupación importante ya que los recientes acontecimientos legales en Venezuela afectan la voluntad de la administración de Joe Biden de participar en un mayor alivio de las presiones. Rystad Energy reconoce que cualquier reimposición de este tipo después de abril podría desacelerar el crecimiento a alrededor de 870 mil b/d".

De esta manera, los análisis de escenarios se han desplegado para revisar en cuánto podría caer la producción y no si hay posibilidades de que se renueve o no la licencia; se da por descontado que la Casa Blanca no aprobará una renovación de la Licencia General Nº44.

No obstante, en días recientes el tema se ha matizado. El Wall Street Journal publicó un artículo el 29 de marzo, citando "fuentes internas", en el que dice que la Casa Blanca no restablecerá las sanciones al sector petrolero y gasífero venezolano. Las razones estarían en que una vuelta a ellas elevaría los precios de los combustibles en Estados Unidos y aumentaría el flujo migratorio proveniente de Venezuela hacia el país norteamericano.

• Vale la pena insertar aquí el siguiente dato: según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), en enero de 2024 las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos promediaron 152 mil b/d; comparado con los 40 mil b/d alcanzados en enero de 2023, representan un incremento de 280%.

El reporte además indica que los funcionarios estadounidenses también están preocupados por la posibilidad de que limitar las inversiones europeas y estadounidenses en Venezuela pueda resultar en una restricción del suministro mundial de energía. Este escenario puede crear una oportunidad para que China llene el vacío como inversor en el sector energético de la nación caribeña.

De acuerdo con el Wall Street Journal, se prevé que la administración de Joe Biden prorrogue la exención de las sanciones vía licencia general hasta el 28 de julio, fecha coincidente con las elecciones presidenciales programadas en Venezuela. Este medio representativo de los intereses de la élite financiera estadounidense apuesta por propagar la versión de que es posible una continuación de la Licencia 44, a contracorriente de lo que se ha dicho desde enero.

Pero hay otras opciones. El mencionado Monaldi cree que "podría haber un restablecimiento parcial de algunas de las sanciones, lo que significa que no se aprobaría totalmente la Licencia General Nº44".

Y en un artículo en el que consulta a otros expertos, publicado el 30 de marzo, el Washington Post expone propuestas como la siguiente: "El Departamento del Tesoro impondría un nuevo régimen de sanciones que permitiría a Venezuela seguir vendiendo crudo a clientes internacionales, pero no en dólares estadounidenses, que son la moneda dominante en el mercado".

"En cambio —sigue el reportaje—, a Venezuela se le pagaría en su propia moneda, el bolívar, depositada directamente en su Banco Central a través de pagos de alivio de deuda o acuerdos de trueque que intercambiarían petróleo por diluyente, gasolina o diésel, según un asesor de compañías energéticas involucradas en el sector petrolero de Venezuela, quien habló bajo condición de anonimato para proteger la confidencialidad de los clientes".

Más adelante, el Washington Post anota que "la nueva medida propuesta aun permitiría 'alivio para la economía nacional' al proporcionar gas intercambiado y otros productos petrolíferos refinados para la electricidad, la agricultura y el gas venezolanos, dijo David L. Goldwyn, quien se desempeñó como enviado especial y coordinador del Departamento de Estado para asuntos de la energía internacional durante la Administración Obama".

De esta manera, en los últimos días dos importantes medios estadounidenses han expuesto una posibilidad de que se renueve la licencia o no se reinstaure completamente el escenario de "máxima presión" trumpista, proponiendo cambios en la administración de las sanciones ilegales contra Venezuela. Sin embargo, la posición predominante sigue siendo la que expresa el editorial del Washington Post el 29 de marzo:

"Aunque probablemente valga la pena intentarlo, la apuesta de la Administración Biden —levantar las sanciones en un intento por impulsar el progreso democrático— hasta ahora ha fracasado estrepitosamente. La credibilidad de Estados Unidos está en juego en la respuesta. La administración podría volver a imponer las sanciones petroleras que existían antes, en su totalidad o en parte, o buscar medidas equivalentes para presionar a Maduro. El líder venezolano, al igual que el presidente Vladímir Putin de Rusia, ha logrado sobrevivir a las sanciones, impulsado por una economía que funciona con flujos ilícitos de efectivo provenientes del narcotráfico, la minería y el contrabando. Estados Unidos necesita ser más inteligente con las sanciones y buscar más cooperación de Europa y otras naciones latinoamericanas para ayudar a aislar el régimen de Maduro".

Es decir, que el criterio de que las presiones estadounidenses han perdido el efecto deseado por parte de Washington es ratificado, sin embargo, la paradoja de qué hacer con Venezuela continúa y las sanciones siguen siendo un factor medular en la estrategia de la Casa Blanca. Para un medio como el Washington Post, bien inserto en el circuito del establishment político estadounidense, expresar que el plan de la Administración Biden para Venezuela ha fracasado en sus objetivos es una muestra de que existe un debate inconcluso sobre cómo usar las sanciones en provecho de la política de Estados Unidos.

Otro medio clave para comprender los ánimos en el sector financiero y político en torno a la Licencia 44 es Bloomberg, que el 28 de marzo publicó una nota en la que Geoff Ramsey, investigador principal del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, think-tank promotor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), siguiendo el tono del Washington Post, expresó que "el desafío [de la Administración Biden] es cómo volver a imponer sanciones y al mismo tiempo conservar cierto grado de influencia sobre Maduro y mantener el gobierno en la mesa [de negociaciones]".

Más adelante, Bloomberg afirma que "el escenario más probable es que la administración deje que la Licencia General Nº44, que autoriza transacciones que involucran al sector de petróleo y gas en Venezuela, expire sin ceremonias, dijeron tres personas con conocimiento de los planes. La Administración Biden aun conservaría la Licencia 41, que autoriza a Chevron Corp. a producir petróleo crudo y productos derivados del petróleo en sus proyectos en Venezuela, dijo una de las personas [a tono con lo dicho por el economista Rodríguez anteriormente]. Todos solicitaron el anonimato para hablar sobre el plan, ya que aun no es público".

SENADORES POR LA "MÁXIMA PRESIÓN"

Algunos senadores del Partido Republicano históricamente han enfatizado su férrea posición contra cualquier escenario de alivio de sanciones sobre Venezuela. Han sido partidarios de la “máxima presión” desde los tiempos de la administración de Donald Trump.

Uno de los más enérgicos defensores de esa postura es Marco Rubio, senador por el estado de Florida. El 20 de octubre de 2023 rechazó la emisión de licencias generales, incluida la Nº44, al calificarlas de "concesiones" que el gobierno de Biden le otorga "al narco-régimen ilegítimo de Maduro". Desde entonces, Rubio ha criticado la política de administración de licencias del Departamento del Tesoro respecto a Venezuela.

Otro senador de Florida, Rick Scott, ha hecho campaña para que la Administración Biden reinstaure el régimen de sanciones impuestas durante el gobierno republicano anterior.

Dichos senadores por Florida son los políticos más representativos de no renovar la Licencia General Nº44 en Washington, D.C., quienes pujan dentro del Congreso y desde sus tribunas legislativas para que se endurezca la estrategia contra Venezuela a los niveles de la Administración Trump. Se trata de la agenda republicana sobre Venezuela.

En efecto Scott y Rubio, junto con los senadores republicanos Ted Cruz (Texas) y Bill Hagerty (Tennessee), presentaron la "Ley de Reautorización de la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2023" para supuestamente "garantizar que las sanciones actuales del gobierno de Estados Unidos contra el narco-dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y 150 miembros de su régimen criminal responsable de abusos contra los derechos humanos contra el pueblo venezolano, sigan vigentes".

Con dicho instrumento jurídico, los senadores pretendían torpedear la política exterior del actual gobierno demócrata, así como intentar incidir definitivamente en la política estadounidense sobre Venezuela, más allá de cuál partido esté a cargo de la Casa Blanca.

Por último, una declaración conjunta de Marco Rubio (Florida) y Bill Cassidy (Luisiana), del Partido Republicano, y Dick Durbin (Illinois) y Ben Cardin (Maryland), del Partido Demócrata, explicita la conexión existente entre el lobby político estadounidense que busca la no renovación de la Licencia 44 y sectores opositores en Venezuela que también han pujado por la imposición de sanciones contra el país, representados por María Corina Machado:

"Según el Acuerdo de Barbados, EE.UU. debería volver a imponer sanciones petroleras y rehusarse a reconocer a cualquier 'ganador' electoral de un proceso que excluya a la candidata opositora democráticamente electa por el pueblo venezolano, María Corina Machado".

El nexo entre el Partido Republicano y Machado tiene dos décadas conociéndose, empezando por la reunión que la opositora tuvo con el entonces presidente George W. Bush el 31 de mayo de 2005 en la Casa Blanca, hasta los apoyos públicos de los senadores republicanos de Florida a la fundadora de Vente Venezuela. Incluso el senador Cassidy ha tenido reuniones virtuales con ella de manera pública en meses recientes.

PANORAMA SUCINTO

El gobierno de Estados Unidos se encuentra en una encrucijada política en la que debe decidir si renueva o no la Licencia General Nº44. Aunque en la mayoría de los medios estadounidenses y sus replicadores en idioma castellano dan por sentado que la Administración Biden no extenderá la licencia, otros sectores y analistas consideran que sí podría concretarse un escenario en el que dicho instrumento del Departamento del Tesoro continúe vigente, al menos por otro periodo más.

Incluso, la conjetura de que la Casa Blanca cambie las condiciones de la Licencia 44, sin llegar a restituir por completo la "máxima presión", se asoma en los principales medios estadounidenses, dando señales públicas de que un esquema de este tipo debe ser contemplado.

Por lo tanto, se reconoce abiertamente quiénes están presionando por una reimposición de sanciones: los senadores del Partido Republicano que tradicionalmente han tenido una postura antivenezolana —sobre todo los representantes de Florida—, junto con otros senadores demócratas que han criticado la política exterior de la Administración Biden sobre Venezuela.

Mientras que, por otro lado, hay sectores del capital estadounidense y del establishment político que han usado las vitrinas del Wall Street Journal, Washington Post y Bloomberg para avanzar en una agenda en la que no haya una total reimposición de sanciones sino que se continúe con la administración de licencias generales.

Así, se evidencia que en Estados Unidos no hay una posición unívoca sobre el tema, cuestión que los decisores políticos del Estado venezolano y de PDVSA deben tomar en cuenta a la hora de analizar los próximos pasos de Washington sobre Venezuela.

Según lo dicho queda demostrado que hay actores del capital estadounidense y del establishment político de Estados Unidos que alzaron su voz a favor de la renovación de la Licencia 44 a través del Wall Street Journal, mientras que el Washington Post en un editorial abogó contra la renovación para luego, mediante un artículo que cita a expertos, matizar su posición argumentando por la no reimposición de sanciones al estilo “máxima presión”, pero a la vez modificando los términos de la licencia para hacerlas más restrictivas. Bloomberg, por su parte, tomó esta última posición pero de manera menos explícita, considerando que la Casa Blanca se encuentra en la encrucijada entre la renovación o no de la licencia en cuestión.

Los senadores republicanos y algunos demócratas, por su lado, están contra la renovación de la Licencia General Nº44, una posición coherente a lo largo del tiempo si se considera quiénes están al frente de la cruzada (Rubio y Scott de Florida) y a quién apoyan en Venezuela (María Corina Machado).