Distintos actores del sector de la oposición que se han sumado a la "ruta electoral" muestran con acciones y palabras que sus primarias no son un paso en ese sentido sino una fachada para volver a la práctica de la violencia política en Venezuela.
Uno de ellos ha sido Antonio Ledezma, quien el pasado agosto declaró que, ante la inhabilitación de María Corina Machado, "hay un plan" y que "el objetivo es la rebelión civil acompañada de la rebelión militar". El prófugo de la justicia y exalcalde de Caracas agregó que:
"Se está hablando con militares, y eso es normal, no es promover ninguna conspiración. No es conspiración. Hay gente que llama y hablamos, y piden que no digamos sus nombres y piden ir disfrazados. Eso es natural".
Andrés Velásquez, por su parte, se opone a la propuesta hecha por Henrique Capriles de sustituir al ganador de las primarias si este permanece inhabilitado, lo que fue filtrado por el periodista Vladimír Villegas y confirmado por el mismo Velásquez con el corolario: "G4 se acabó".
Claro que nos opusimos. La primaria no es de una cúpula. La primaria es de la gente para que escoja el candidato con su voto y no Maduro mediante cúpula interpuesta. Tendrán que leer muy bien los resultados y acatarlos. Que esto se filtre ratifica nuestra postura.
G4 se acabó https://t.co/WIx3humaCN— Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) August 29, 2023
El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, expresó en agosto pasado la necesidad de "allanar el camino" para que, en caso de ganar un inhabilitado, este tenga la posibilidad de concretar su inscripción para la contienda presidencial.
una calle ciega
El tema de los precandidatos inhabilitados es un callejón sin salida donde la misma Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha decidido internarse. Tres de los trece aspirantes mantienen esta condición dictaminada por la Contraloría General de la República —institución parte del Poder Moral—.
Pero las declaraciones dejan ver que algunos sujetos de este sector están forzando una salida violenta al escenario de un candidato inhabilitado. Parecen haber sido instruidos para divagar respecto a los acuerdos de la Mesa de Diálogo y Negociación que se alcanzaron en México el año pasado, y lo que es entendido como una ruta dentro de los cánones de la política, en realidad tiene visajes de plan insurreccional.
El evento electoral ya ha mostrado debilidades organizativas: se negaron a recibir apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero querían contar con los centros electorales, han defendido el voto manual y todo indica que habrá resultados dudosos.
Antes de convocar a primarias, a principios de este 2023, las instrucciones desde Estados Unidos se enfocaban en la movilización social en forma de protestas gremiales, lo que pareciera haber entrado en pausa. El Wilson Center lo estableció mediante un informe en el que exhorta a una combinación entre "presión y concesiones", lo cual implica el hecho de sentarse con el gobierno venezolano a negociar condiciones para una "transición".
Este think tank, junto a otros como el Atlantic Council y el Center for Strategic and International Studies, influye en la toma de decisiones de la Casa Blanca sobre Venezuela y han admitido el fracaso de la campaña de "máxima presión" lanzada durante el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, las declaraciones más conspicuas del sector congregado alrededor de las primarias dan la impresión de optar más por la coacción que por sentarse a negociar políticamente dentro del marco constitucional.
de la mano de Washington
En junio pasado, la administradora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), Marcela Escobari, dijo ante la Subcomisión del Hemisferio Occidental (Comisión de Asuntos Exteriores) del Congreso estadounidense que:
"Con 50 millones de dólares en Venezuela, Usaid impulsará unas elecciones más competitivas en 2024, y elevará los costes del fraude electoral para el régimen de Maduro. Con 20 millones de dólares en financiación estatal y de la AID para Cuba y 15 millones de dólares para Nicaragua, seguiremos apoyando a quienes están en primera línea luchando por sus derechos y libertades más básicos".
Entretanto, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, dijo en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle que la política de Washington "es dejar que los venezolanos decidan, no imponer un resultado a la dirección del país". Agregó que el enfoque de su gobierno hacia Venezuela se basa en "apoyar un proceso de negociación" y dejar claro que las sanciones se levantarían siempre y cuando se den pasos concretos que permitan a los venezolanos "elegir libremente".
González reconoció que la administración Biden mantiene contactos con el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, aunque sigue reconociendo como autoridad legítima a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Por su parte, el subsecretario de ese gobierno para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó el 31 de agosto su desacuerdo con las inhabilitaciones, en referencia a los precandidatos María Corina Machado y Henrique Capriles. Además, enumeró una lista de condiciones para los comicios presidenciales en Venezuela.
Subsecretario de Estado EEUU para Hemisferio Occidental, Brian Nichols (@WHAAsstSecty) sobre ilegal inhabilitación a @MariaCorinaYA:
“No se puede bloquear a una candidata por medidas administrativas que tienen prejuicio político.” Recalca que debe permitirse a todos participar. pic.twitter.com/NOQ5Ct8N8q— Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) September 1, 2023
El mismo 31 de agosto veinte senadores estadounidenses, trece demócratas y siete republicanos, dirigieron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que solicitan que su departamento esté atento ante la "interferencia" del gobierno venezolano para "boicotear las elecciones primarias" que organiza la oposición venezolana. En el documento que, entre otros, suscribe el nexo estadounidense de Machado, Marco Rubio, también exigen "máxima atención" a las inhabilitaciones y que observadores electorales internacionales "creíbles" confirmen que la elección presidencial "representa la voluntad del pueblo venezolano".
La Usaid, las ONG y la confrontación latente
Las sanciones no han sido decididas por la población venezolana sino por el gobierno estadounidense y apoyadas por el mismo sector que hoy promueve las primarias, pero esto no fue aludido por González. Mientras, Nichols no hizo mención a los derechos de los votantes venezolanos que son afectados por las medidas sancionatorias que bloquean el acceso a derechos básicos como salud, educación y alimentación.
El financiamiento de la Usaid a varias ONG dentro y fuera del territorio nacional forma parte del mismo esquema en los planes de cambio de régimen en Venezuela, por lo que queda en duda si Estados Unidos impone o no "un resultado a la dirección del país", como ha dicho González. El trabajo que estas organizaciones realizan en el territorio nacional no cuenta con auditoría alguna y existe la posibilidad de que dichos fondos estén siendo canalizados a la eventual manufactura y formulación de una masa crítica para escenarios conflictivos que se vienen estructurando.
Desde la Casa Blanca y Bruselas ha habido un cambio de orientación desde el derrumbe del "interinato", han estado involucrados directamente en acciones de calle, jornadas festivas y manifestaciones culturales dirigidos por algunas ONG, en una suerte de connivencia y convivencia de intereses atravesados por agendas gremiales.
Las ONG financiadas desde los mismos países que han aplicado medidas injerencistas contra Venezuela aparecen como posibles actores en cualquier agenda de conflicto opositora. En ellas estaría el apoyo de operadores en el terreno, el acompañamiento mediático de los victimarios y la constante alimentación del expediente criminalizador contra el Estado. El enfrentamiento con la institucionalidad al que han contribuido distintos actores de las primarias se traduciría en acciones concretas de violencia en nombre de "la democracia y los derechos humanos".
Alertas tempranas
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha advertido de manera insistente sobre "un plan" otra vez "para llevarnos a la violencia, al tiempo de la intolerancia, del enfrentamiento, del conflicto inútil, de la división entre los venezolanos, y no lo vamos a permitir".
El gobierno venezolano ha precisado su interés en mantener la participación electoral como escenario para dirimir las diferencias políticas, aun cuando la oposición ha pendulado entre acudir o no a elecciones. También distintos voceros del chavismo han pedido que los comicios sean libres de sanciones, debido a que estas ejercen dificultades para que la votación se base en la intención genuina del electorado.
El presidente Maduro ordenó aumentar notablemente el despliegue militar en territorio venezolano e instruyó activar todos los mecanismos necesarios para garantizar el resguardo adecuado de las elecciones presidenciales cuando se haga el llamado por parte del CNE.
"He dado la orden de activar todos los preparativos territoriales para un Plan República impecable cuando corresponda, donde corresponda, como corresponda, en un sistema electoral perfecto", declaró.
De esta manera ha buscado garantizar el despliegue militar especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al resguardo de los procesos electorales y ha denunciado que:
"Desde el imperialismo norteamericano se sigue conspirando contra Venezuela pero, frente a las conspiraciones de ellos, nos mantenemos unidos, cohesionados, luchando por la paz y por la integridad territorial".
Las distintas declaraciones por parte del estamento político de Estados Unidos sostienen un apoyo irrestricto a las decisiones improvisadas de la PUD, que desconocen el estado de derecho y buscan crear un vacío político conducente a una situación de violencia de color.
Se hace difícil asociar sus procedimientos con un supuesto cambio positivo para Venezuela, cuando la ruta electoral que se han propuesto se mantiene más cerca del conflicto que del diálogo y la institucionalidad.