Complementando el desmontaje de esta tribuna al informe de la “Misión Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela, en esta oportunidad realizamos una revisión crítica de las fuentes empleadas por el informe.

Por supuesto, las inconsistencias de este informe se basan, en parte, en la ostensible parcialidad y en la vaguedad de las fuentes. Y es que, sin ningún tipo de objetividad en la recopilación de los datos, ni una investigación in situ que patente lo escrito, el objetivo del informe es meramente político de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela.

Incluso, en el preámbulo del informe la Misión indica que tuvieron dificultades en la investigación, “lamentando profundamente” no realizar la investigación en Venezuela.

Siendo así, es necesario preguntarse por el origen de la información presentada como válida. Teniendo en cuenta los niveles institucionales en los que se gestionó el informe, éste debió realizarse con suma pericia, pero no fue el caso.

La politización del informe y de su presentación ha servido de catalizador para que los diferentes actores políticos internacionales justifiquen y se cubran las espaldas al asumir posturas de rechazo ante las referidas elecciones, ya que las amenazas de la administración actual de Estados Unidos orbitan sin descanso.

Las principales fuentes son ONG

Si bien la Misión especifica en el punto 10 que utilizo? información de dominio pu?blico para llevar a cabo la investigación, incluyendo las redes sociales, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las fuentes fundamentalmente utilizadas.

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), que en sus inicios se dedicaba a labores de denuncia de la masacre, aparece como fuente principal en los alegatos del informe para, supuestamente, corroborar ciertos casos.

Es conocido que COFAVIC es una de las ONG venezolanas que ha recibido financiamiento de la alemana Fundación Konrad Adenauer y de la USAID, y que, entre sus actividades, está la de gestionar el financiamiento a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que respondan, de alguna manera, al Departamento de Estado estadounidense.

Aunado a esto, se agrega su alianza con Human Rights Watch (HRW) que data desde años atrás, en la que COFAVIC suministra reportes asociados a esa materia.

En ese abanico de incongruencias, emerge el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), otra ONG plegada a sectores opositores y que, en 2018, recibió financiamiento de la Unión Europea para el reforzamiento de organizaciones en el campo de derechos humanos.

Ambas, en general, se centraron en proporcionar información conveniente para sus intereses en materia de derechos humanos, ignorando o apartando por completo casos como el de Orlando Figuera, joven asesinado en 2017 en las protestas violentas en contra del gobierno venezolano.

Otras de las ONG?—?que sirven de fachada en el financiamiento por parte de entes externos para desestabilizar el país?—?también participaron en esta recopilación de acusaciones sin respaldo, a saber:

• El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), prestó a la Misión su documentación de protestas, clasificadas como “políticas”, ignorando en absoluto toda la incitación a la violencia y daños al patrimonio nacional generados por las guarimbas.
• La Misión también tomó datos sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) de la página web de la Asociación Civil Control Ciudadano, dirigida por Rocío San Miguel, de quienes son bien conocidos sus vínculos con el Departamento de Estado de EEUU. A partir de los datos de Control Ciudadano se documentan las supuestas “violaciones a los derechos humanos”, preservando en algunos casos el anonimato. Llama la atención esta simpleza en la metodología online.
• También aparece la ONG Espacio Público, dirigida por Carlos Correa, conocido por su participación en actividades de “ayuda humanitaria”, y que ahora es investigado por malversación de fondos en esa maniobra. No se hacen comentarios en el informe sobre las irregularidades en esta materia, siendo el diputado José Brito el que lleva la investigación con documentos que demuestran que Espacio Público recibió dinero de la USAID destinado a “fines humanitarios” y que documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos en el año 2015, muestran que esta ONG es financiada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), que recibe fondos de la USAID y Freedom House.

Además, en cada caso descrito no desarrollan los hechos antidemocráticos en los que estaban envueltos tanto Leopoldo López como Freddy Guevara?—?por nombrar dos personajes del largo listado de golpistas —. Únicamente hacen referencia a las detenciones de políticos, es decir, fabrican una cobertura de victimización que los ubicaría por encima de las leyes venezolanas.

Y, no menos importante, en lo referido a los indultos presidenciales ninguna fuente proporciona los videos de los detenidos, muy probatorios, de que efectivamente no se llevó a cabo ningún tipo de tortura.

Cristopher Figuera: otra “fuente” clave del informe

El presidente venezolano Nicolás Maduro expresó que, luego del intento de levantamiento militar en 2019, el ex Director del SEBIN, Cristopher Figuera, había sido captado por la CIA y trabajaba como topo en los cargos asignados.

No podía faltar en este informe. Figuera fue uno de los entrevistados de la Misión. Sin pruebas, cada señalización fue hecha al borde de repetidas acusaciones, centradas en las torturas y malos tratos por parte del SEBIN. Para la Misión cada palabra fue “coherente y plausible”, pero, ¿y las pruebas?

Son numerosas las entrevistas hechas a Figuera: desde su escape a Estados Unidos, nada ha cambiado. De hecho, alega en cada entrevista que él tenía conocimiento de las supuestas torturas y que era el presidente Maduro el que instruía esos procedimiento, otorgándole una credibilidad absoluta a las opiniones de Figuera.

Una vez más, Estados Unidos y sus aliados activan otra acometida en esta guerra multiforme que está enfrentando Venezuela, esta vez, moviendo sus fichas en el sistema multilateral para continuar con las presiones en este crucial último trimestre del año.

En el libro Overthrow de Stephen Kinzer, se hace una recopilación interesante de la metodología de derrocamiento por parte de la CIA.

En principio, el autor percibe una serie de patrones similares al momento de presionar para quebrar políticamente a los gobiernos legítimos que son atacados.

Uno de los patrones fundamentales implica justificar la intervención con base a principios morales y urgentes sobre la base de premisas o informaciones falsas. Y poco importa quién proporcione la información o su veracidad, ya que existen mecanismos para imponer la verosimilitud de tales argumentos.

Con base a esto, Kinzer señala que el argumento más potente es: “Lo hicimos para liberar a las personas oprimidas”, asegurando que se ignora bastante la situación del país a enfrentar, pero que ese no es el punto que importa.

No muy lejos, para este caso la excusa que aplicaría es: “Lo hacemos por los derechos humanos”.