En el país existe un creciente consenso respecto al perjuicio causado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela. Para Datanálisis, por ejemplo, más de 69% de los venezolanos rechaza la reimposición de las sanciones como mecanismo de presión política y, para los diferentes sectores productivos del país como Fedecámaras y  Conindustria, ellas han afectado negativamente la economía de la nación. 

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado pruebas exhaustivas que demuestran lo nocivas que han sido para el Estado venezolano, pero también hay voces especializadas, no vinculadas con el gobierno bolivariano, que denuncian sus efectos basadas en estudios empíricos realizados.

Entre estos últimos destaca el economista Francisco Rodríguez, quien se encuentra en Venezuela manteniendo conversaciones con distintos representantes de la sociedad civil, académicos y organizaciones gremiales y políticas bajo el eslogan de "Un pacto por el futuro de Venezuela". A pesar de no estar alineado políticamente con el gobierno, sus argumentos coinciden en buena medida con las denuncias realizadas por este.

Respecto a las sanciones, Rodríguez ha analizado el impacto sobre la industria petrolera nacional, y señala la drástica caída que ha sufrido al alcanzar actualmente alrededor de 800 mil barriles diarios, comparados con los más de tres millones que solía producir. Rodríguez afirma que la disminución en la producción petrolera se intensificó notablemente con la imposición de sanciones.

En palabras del economista, "Venezuela llegó a producir más de dos millones cuatrocientos mil barriles, pero tras las sanciones impuestas la tasa de caída se aceleró significativamente". De acuerdo con investigaciones, la tasa de disminución mensual era de aproximadamente 1% antes de las sanciones, pero aumentó a 3% mensual después de que se implementaran las primeras medidas financieras en agosto de 2017.

Asimismo, Rodríguez indica que la caída del producto interno bruto en más de 70% es un reflejo directo de la disminución de 93% en los ingresos petroleros entre los años 2012 y 2020, cuyo punto de inflexión lo constituye la implementación de la estrategia de EE.UU. de la máxima presión. 

“Por supuesto, si consideramos que un país cuya principal producción y exportación era el petróleo, ver cómo esos ingresos se desvanecen, entonces la economía va a colapsar”.

Como voz "autorizada" dentro del establisment opositor cobra mayor fuerza que el economista reconozca de manera contundente la responsabilidad que recae sobre los dirigentes de la oposición venezolana en relación a las sanciones. 

En su análisis destaca cómo “la directiva de la Asamblea Nacional [de 2015] se dirigió a varios bancos internacionales para pedirles que no extendiesen financiamiento al gobierno de Venezuela”, lo que resultó en la suspensión de posibles operaciones de refinanciamiento y obligó al país a recortar importaciones. Asimismo, menciona que parte del liderazgo opositor respaldó abiertamente las sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump en 2017, lo que tuvo consecuencias negativas sobre la producción petrolera y sobre los ingresos por exportaciones de Venezuela.

Otro elemento que ha expuesto en sus intervenciones es la hipocresía de Estados Unidos en relación con la supuesta flexibilización de las sanciones mediante la emisión de licencias. Por ejemplo, para el economista, la Licencia General 44 que autoriza a PDVSA a vender petróleo en Estados Unidos no ha tenido efecto debido a que el control de las cuentas de la estatal en territorio estadounidense está en manos de la “PDVSA ad hoc”, entidad ficticia dirigida por el extinto gobierno fake de Juan Guaidó y que ahora está en manos de la AN-2015. Esto impide que la industria petrolera pueda hacer uso de la licencia.

Para Rodríguez, la verdadera flexibilización de las sanciones requeriría el reconocimiento del Estado venezolano y su reinserción en los mercados financieros y petroleros internacionales. Por el contrario, el mantenimiento del reconocimiento a instituciones paralelas sin control político en el país revela una de las intenciones ocultas detrás del proyecto Guaidó: el saqueo de los recursos de Venezuela.

“Ya no existe el gobierno interino, pero de todos modos hay una disputa legal en la que se gastan millones de dólares en abogados en cortes inglesas”, dice al referirse a la batalla legal en los tribunales británicos por los recursos venezolanos que el Banco de Inglaterra retiene ilegalmente, donde la “junta BCV ad hoc” tiene una representación que no ha hecho otra cosa más que derrochar dinero, también de Venezuela, en bufetes de abogados.

Esto queda igualmente claro al explicar por qué Citgo está bajo amenaza de embargo. Destaca que cuando un país enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones legales con los acreedores, tiene la opción de reestructurar su deuda, algo que Venezuela no pudo hacer debido a que Estados Unidos, como arquitecto del sistema económico y financiero, ilegítimamente reconoce a la AN-2015 a pesar de que esta no tiene control real sobre la industria petrolera.

El gobierno venezolano, que sí tiene esa potestad, se vio impedido de representar el país legalmente y, por ende, no pudo negociar su deuda. Esta situación ha sido aprovechada por las corporaciones acreedoras de la deuda venezolana para concretar la rapiña de los activos de Citgo.

La política de sanciones unilaterales, implementada por Estados Unidos y otros grupos de Estados principalmente europeos, ha sido utilizada como un instrumento para promover un cambio de régimen a expensas de la estabilidad socioeconómica de todo un país. Esta estrategia ha permitido el saqueo de recursos y activos venezolanos que podrían haberse destinado a mitigar los efectos de las sanciones sobre la población. 

En Venezuela esta situación es tan evidente que incluso analistas de la oposición la debaten con su audiencia en foros y medios de comunicación. Resulta entonces sorprendente que, a pesar de esta claridad, el gobierno estadounidense y sobre todo líderes de la oposición radicalizada continúen utilizando estas medidas como amenazas y presiones para alcanzar objetivos que previamente no pudieron lograr por medio de estas acciones.