El despliegue de la operación especial contra la corrupción, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, abarca puntos fundamentales de las actividades vertebrales para el país, si tomamos en cuenta que una maniobra de este tipo toca varios nodos que se relacionan entre sí, tanto la actividad económica y los ingresos de la república como la parte de seguridad nacional e institucional del Estado venezolano.

A la espera de nuevas revelaciones sobre los casos y el establecimiento de las causas penales, se pueden vislumbrar al menos tres reflejos estructurales en el abordaje.

A través de la operación

Los focos de investigación de los que tenemos conocimiento, vía oficial o extraoficial, constituyen frentes identificables que se están atacando hasta ahora donde pudieran verse hilos aparentes, a falta de manejar específicamente el modo en que se organicen las causas judiciales al respecto.

Con la detención de aproximadamente 200 funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), reportada directamente por el fiscal general Tarek W. Saab en una entrevista reciente, el foco mayor se aposta sobre la principal industria venezolana, es decir, en el entramado económico y financiero de más importancia para el país.

• Desde 2017 el Ministerio Público ha "judicializado 27 tramas de corrupción petrolera vinculadas con el mal manejo por parte de funcionarios indecorosos", informó Saab.

Un dato fundamental es la designación del coronel Pedro Tellechea como presidente de PDVSA en enero de 2023, cuando comienza una reorganización y centralización de los recursos y líneas estratégicas de la empresa. Las investigaciones comenzaron en octubre de 2022, por lo que se puede asumir lógicamente que la asunción de Tellechea está en sintonía con el saneamiento de PDVSA y el orden de las cuentas dentro de la empresa, absorta de irregularidades.

De acuerdo con informaciones extraoficiales, uno de los nichos delictivos era la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, oficina nodal en los negocios de la estatal y por el que pasan los contratos de buques, venta de barriles, facturación de fletes, etcétera.

Visto así, en lo que respecta a PDVSA, la operación anticorrupción comprende el nudo económico y a nivel de gestión empresarial en el corretaje estatal.

A esto se le suma la organización de las finanzas en Venezuela, no solo en la estatal petrolera sino en general a lo largo de todas las oficinas del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por la también vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, viene trabajando en la depuración de todo lo referido a este tema. Teniendo en cuenta que hubo malversación de los ingresos por concepto de exportaciones energéticas a través de criptomonedas, área gestionada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), se une el vértice petrolero con el institucional de gestión de recursos.

Este sería uno de los núcleos que más irradia en cuanto a la exposición de los datos criminales, pues el manejo de dinero público es una actividad delicada, más en el contexto "sancionatorio" en el que se encuentra el país, bajo el cual se requiere la administración meticulosa y altamente detallada del erario público a los fines gubernamentales. Según este planteamiento, el valor moral y ético en los manejos del dinero estatal también está en un plano importante de la discusión, tocado por el mismo presidente Maduro durante su alocución del lunes 20 de marzo.

Con el procesamiento ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre Hugbel Roa por delitos relacionados a la corrupción, luego de haberle sido allanada la inmunidad parlamentaria, se agrega a la imagen completa del cuadro el (comienzo del) saneamiento político en las estructuras tanto del partido de gobierno como de instituciones claves en la gestión de recursos dinerarios en la administración pública.

Pero el frente judicial también está en el meollo de las investigaciones. La detención de los jueces Cristóbal Cornieles y José Márquez García traen a colación los esquemas existentes dentro del TSJ.

En este foco existe un componente axial entre el área judicial y el crimen organizado, es decir, toca el nervio de la seguridad nacional de acuerdo con la visión que tiene el Ministerio de Interior, Justicia y Paz sobre las bandas criminales como el "Tren del Llano". Son organizaciones con alto grado de poder de fuego, incursos en actividades delictivas a sus fines y una labor de control en términos de organización de recursos logísticos, económicos y poblacionales en diferentes localidades.

De igual forma, la detención del alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, Daniel Hernández, por sus nexos con la banda de "El Conejo" —vinculada a su vez con la megaestructura del "Tren de Aragua"—, organización que ha sido enfrentada por las autoridades de seguridad estatales debido a los cuadros de desestabilización violenta presentados en 2022 en la localidad de Las Tejerías, hila neurálgicamente los vértices de la política, la gestión institucional —en este caso, municipal— y de seguridad nacional.

Un vistazo somero da cuenta de la naturaleza estratégica de la operación especial, fundamentada en el reconocimiento de que existen grupos mafiosos enquistados a lo largo y ancho de la institucionalidad nacional y con un despliegue que abarca actividades y ángulos vitales para la estabilidad y el desarrollo corriente de la república.

Prioridad en lo internacional

El carácter doméstico de la operación especial, en tanto que es política nacional, también se ramifica hacia el espectro internacional. Bajo el marco de prioridades de la cruzada gubernamental, las acciones en la industria petrolera apuntan hacia afuera.

Por ello, desde que las autoridades dirigentes de las investigaciones —el ejecutivo a través de la PNCC, el MP con pesquisas y trabajo interinstitucional— han declarado sobre el asunto se pone el acento en el saneamiento de PDVSA. No solo por ser el corazón de la economía venezolana, sino también porque es una entidad que podría volver a incidir en la organización de los mercados energéticos, en un momento de grandes eventos geopolíticos y geoeconómicos que remodelan el orden mundial.

Sin una operación de este tipo es más difícil construir el interfaz de confianza y seriedad que conecta a Venezuela con los demás nudos del mundo multipolar y pluricéntrico en gestación, a la luz de que los sucesos globales con mayor irradiación provienen de países con una visión realista de las relaciones internacionales y que invierten en la estructura e infraestructura económica del país.

Hablamos, claro, de China, de Rusia y de Irán, pero también de Arabia Saudita, de Siria, de Irak y del resto de los países que han protagonizado sucesos desde febrero de 2023 que han repercutido en cambios tectónicos a escala geopolítica y económica, y no solo en sus regiones. Los lazos de los primeros tres, puntales del eje postunipolar, con América Latina y el Caribe, y específicamente con Venezuela, están basados en la cooperación en múltiples áreas, incluidos los vínculos económicos, financieros y comerciales.

La inserción de Venezuela en ese eje depende de que el músculo económico nacional trabaje de manera eficiente y cabal con sus socios estratégicos.

En estos momentos es importante tomar en cuenta la responsabilidad penal de los involucrados, pues aquellos apuntan directamente hacia el resto de implicados en "un proceso de depuración y maduración que todo Estado que busque ser verdaderamente apegado a la Constitución debe hacer" (Saab dixit).

La operación especial anticorrupción estipula el desarrollo de un saneamiento político fundamental en el contexto de recuperación económica y actividad política e institucional para impulsar dicho progreso en Venezuela. Ello consiste en una depuración de actores que hacen vida política que no tributan a los propósitos esenciales de la planificación gubernamental, adonde se añade el factor de las relaciones internacionales como eje transversal de dicha recuperación.

Porque, hay que recalcarlo, los delitos contemplados aquí forman parte de un cuadro de agravios a la república con consecuencias nacionales que repercuten directamente a toda la población venezolana y afectan las condiciones para una efectiva revigorización socioeconómica planteada por el presidente Maduro, toda vez que PDVSA representa un músculo esencial en este ejercicio, con capacidad para maniobrar positivamente en los acontecimientos geopolíticos de turno.

sanguijuelas de cuello blanco

Así como lo de la industria propiamente se relaciona con aspectos geopolíticos y busca ajustar a Venezuela al mundo actual, se ataca también un reflejo estructural que incluso antecede a la propia Revolución Bolivariana: La colusión de grupos de poder económico en el sector privado que se valen del Estado —bien sea por medio de contratos, beneficios o créditos— para crear un esquema de acumulación delictiva de capital y enriquecimiento fácil.

Esto se refleja en el perfil de los actores privados que hasta ahora parecieran estar implicados en la trama, de acuerdo con los múltiples reportes oficiales y extraoficiales.

Podríamos trazar un nexo en el que participan tanto actores de gestión pública como operadores de sectores privados —como la familia D'Agostino, ya anteriormente salpicada en tramas de corrupción y tráfico de influencias en PDVSA—, en el que suele establecerse el origen del delito.

En los casos presentados los móviles criminales van en torno a tráfico de influencias, fraude, cohecho (soborno), peculado, delincuencia organizada e, incluso, intento de quiebra fraudulenta si optamos por aceptar la hipótesis política de que, en tiempos de bloqueo y captación de mercados internacionales por parte de Estados Unidos, algunos hilos de las tramas de corrupción en PDVSA apuntaron a la demolición controlada de la empresa para hundirla en la bancarrota.

Sin embargo, dichas prácticas delictivas están enquistadas en distintas instituciones estatales y no son propias de la industria petrolera venezolana. En nuestro país las formas de la corrupción contemporánea son hereditarias de la praxis habida durante el siglo XX, con adecos y copeyanos en la cúspide política y las transnacionales a la batuta del destino económico y social de Venezuela.

Que la distinción entre la cosa pública y la esfera privada en ese entonces, maniatada por intereses rentísticos, de acumulación delictiva de capital, se haya replicado en tiempos de la Quinta República no debe ser tomado con sorpresa pues las mismas castas que en aquel entonces tenían los vínculos privilegiados con lo que el historiador venezolano Federico Brito Figueroa calificaba como "aristocracia del dinero", un nido de sanguijuelas, se manifiestan en pleno siglo XXI, de acuerdo con las investigaciones.

El robo con el apoyo de las instituciones estatales, la influencia de representantes del poder político y el tráfico de comisiones y recomendaciones ha sido una vía para que reputados apellidos y clanes familiares nacionales acumularan la base material para su desarrollo, a la usanza oligárquica, asimismo heredera de la Colonia. Desde el siglo XX el país sufre una especie de institucionalización del dolo que ha mutado hasta nuestros días. El delito de cuello blanco sobrevive en Venezuela, relacionado con la actividad bancaria, industrial, financiera, comercial, de servicios y comunicacional.

Podría aducirse que esas condiciones impusieron una lógica dentro del Estado venezolano que evolucionaron hacia los intereses de la oligarquía financiera nativa —a la que el político e historiador Domingo Alberto Rangel llamaba "oligarquía del dinero"—, la cual facilita la acumulación delictiva de capital. La operación especial anticorrupción actual ha mostrado que esos grupos son capaces de mutar en el tiempo y aún participan del saqueo al erario público en función de intereses privados.