En la era de la globalización, las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido en un actor muy importante en la arena política internacional. Los gobiernos de varios países occidentales, principalmente Estados Unidos, han priorizado la incorporación de las ONG internacionales al servicio de sus políticas exteriores, logrando directa o indirectamente objetivos estratégicos que son difíciles de alcanzar por vías gubernamentales.

La Fundación Nacional para la Democracia (NED), Human Rights Watch (HRW), Freedom House, son ejemplos de que las ONG autodenominadas independientes son impulsadas por el poder occidental. De hecho, nunca sobra recordar que la NED fue iniciada y establecida en Estados Unidos por la administración de Ronald Reagan en 1983, pero se registró como privada, y que el Congreso le entrega la mayoría de las 1 mil 600 subvenciones que recibe anualmente para promover grupos no gubernamentales en el exterior; o que Freedom House, establecida en 1941, está afiliada al Departamento de Defensa y 80% de su presupuesto proviene del gobierno federal.

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Estados Unidos financia a ONG extranjeras para interferir donde no lo puede hacer de manera directa. (Foto: Associated Press)

Estados Unidos le proporciona fondos a esas organizaciones no gubernamentales para proteger los intereses globales y regionales de Washington. Así mismo lo hacen países europeos con otras ONG. Cuando el objetivo son gobiernos que no abrazan los intereses anglosionistas, la mayoría de los planes conducen a acciones de violencia irregular combinadas con aislamiento internacional y "sanciones".

De hecho, a escala mundial, los golpes y rebeliones que se han producido en casi todos los países en las últimas dos décadas están indisolublemente vinculados a las tres organizaciones mencionadas anteriormente, incluido el golpe de Haití de 2004, el golpe de Honduras de 2009, las "revoluciones de color" en Europa del Este, la "primavera árabe" en Oriente Medio, la escalada violenta de secesionistas en Hong Kong, el intento de golpe en Nicaragua en 2018 y el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

A escala local, las ONG internacionales financian y cooperan con organizaciones "independientes" del territorio en el que interfieren. En el caso de Venezuela, es innegable que una extensa lista de ONG antichavistas han actuado como socios no tan silenciosos del gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales.

De esa lista vamos a revisar el caso de Foro Penal, por la fuerza y protagonismo que ha acumulado en sus años de operaciones en el país.

no es una organización imparcial

Creada en 2002, se describe como una "organización venezolana, en la defensa de los derechos humanos, con un trabajo efectivo desde hace más de 15 años en Venezuela en la asistencia jurídica gratuita y apoyo a familiares y víctimas de detenciones arbitrarias".

La realidad es que Foro Penal se estrenó ese año defendiendo a operadores políticos del antichavismo, culpables de asesinatos, en el marco del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Su área de desempeño involucra construir denuncias falsas de presos y refugiados políticos y violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de usarlos como armas para manipular la opinión pública (nacional e internacional) sobre Venezuela.

El interés por implicar a las ONG en los programas de política exterior de Estados Unidos se explica por la aparente imparcialidad de estas instituciones paraestatales, que gozan de mayor credibilidad en los países extranjeros que los organismos gubernamentales por la amplificación de sus procederes en las vocerías mediáticas corporativas. El director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, es citado frecuentemente en medios occidentales para darle credibilidad al relato de la "impunidad" en las instituciones venezolanas ante situaciones de injusticia, dándole un matiz de sistematización y estructuralidad usual en los Estados fallidos o forajidos.

¿Puede tener credibilidad alguien que colabora con actores sediciosos y terroristas? Revisemos los nexos que Foro Penal tiene con los grupos políticos más extremistas del espectro antichavista.

La ONG que dirige Romero encubrió los intentos de revolución de colores que encabezó el partido político Voluntad Popular (en 2014 y 2017), acudiendo al recurso de "presos políticos" cada vez que eran capturadas personas involucradas en la fase armada de las guarimbas. Los nombres de aquellos criminales fueron a engrosar la lista de los informes de Foro Penal. También saboteó los llamados al diálogo hechos por el presidente Nicolás Maduro para estabilizar la situación en el país en un marco de violencia extremista.

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Lo que Foro Penal nombra como "presos políticos" son actores del antichavismo que fueron detenidos por crímenes que generaron conmoción social en el país (Foto: Archivo)

El propio Romero tiene íntimas filiaciones con el líder de Voluntad Popular y prófugo de la justicia, Leopoldo López. Aunque dejó de retratarse con el dirigente político a medida que la ONG ganó notoriedad, cuando Voluntad Popular escenificó una falsa arremetida contra su sede, un día antes de que López se entregara a la justica venezolana, Alfredo Romero apareció en el lugar de los hechos en calidad de abogado defensor.

El vínculo permanece hasta la actualidad, pues los dos coinciden en crear una atmósfera que favorezca al éxito de los intereses políticos y económicos de Washington, mal simulado en la promoción de los derechos humanos y la democracia. Por eso no sorprende que Foro Penal haya respaldado el proceso golpista de Juan Guaidó, o que pusiera "en alerta" a la Unión Europea sobre los "peligros" que corría el exdiputado justamente en su momento de mayor declive político, tratándolo asimismo de cliente jurisconsultor.

"La embajada" y ONG internacionales: apoyo político y financiero

Foro Penal participa activamente en la preparación e implementación de estrategias para debilitar al Gobierno Bolivariano desde principios del siglo XXI, a cambio de la financiación y filiación del gobierno estadounidense.

En una nota anterior, exponíamos la maniobra que Estados Unidos tramó después del fallido golpe de Estado de 2002. Según un cable publicado en el portal WikiLeaks, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), "entre 2004 y 2006, donó unos 15 millones de dólares a más de 300 ONG en Venezuela, ofreciéndole 'apoyo técnico y de capacitación', a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), para emprender acciones desestabilizadoras".

El embajador de Estados Unidos en esos momentos, William Brownfield, fue el encargado de hacerle seguimiento al plan, de acuerdo a las filtraciones.

Otro cable de Wikileaks revela que, en 2005, Brownfield se reunió específicamente con los fundadores de Foro Penal, quienes le manifestaron ser una organización "apolítica" cuya intención era centrarse "en el deterioro del estado de derecho en Venezuela" y que le hacía falta recursos para cumplir con la campaña.

Para trabajar "independientemente", una ONG "apolítica" acude a la embajada del gobierno estadounidense que tiene como política extranjera sobre Venezuela el cambio de régimen, por cualquier medio, incluso a través de la promoción de su ideología y valores.

El texto indica que William Brownfield recomendó a Foro Penal que utilizara "conceptos y principios amplios" en vez de hablar de individuos y les pidió un presupuesto para el financiamiento. La ONG venezolana siguió la recomendación, pues en adelante la colección de datos manipulados rellenan informes que siempre concluyen en la "violación de derechos humanos" y el incumplimiento de principios de "democracia y libertad" de acuerdo a la nomenclatura relacionada a la vocería del Departamento de Estado norteamericano.

Un tercer cable de Wikileaks confirma los vínculos con Freedom House, más allá de los módulos de formación por los que pasaron los operadores de Foro Penal. En 2006, la ONG estadounidense ayudó a organizarle a la ONG (y a la esposa de Iván Simonovis, en ese momento preso por dos homicidios cometidos en 2002) una gira de dos semanas por Europa para darle impulso a la narrativa de supuestas víctimas políticas de un Estado autoritario y represor.

La organización Freedom House está lejos de ser una simple asociación internacional que persigue la lucha por los valores y derechos universales. De 2002 a 2005, fue dirigida por James Woolsey, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), oficina implicada en cientos y miles de operaciones negras y golpes de Estado en todo el mundo.

La emisión de "informes de investigación" y "resultados de investigación" son los métodos habituales de Foro Penal, una característica que comparte con Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. En varias ocasiones, ambas ONG internacionales han tomado de los informes publicados por la organización venezolana para difamar la gobernanza en Venezuela.

Grupos como Foro Penal suelen hacer seudo-investigaciones científicas y publicar informes con posiciones preestablecidas donde la causa fundamental de los problemas en la sociedad de un territorio determinado es la falta de "democracia", y los métodos para lograr la "democracia" se resumen en el cambio de gobierno a través de una política de aislamiento y "sanciones". Luego sostienen seminarios y foros centrados en la influencia de los líderes de opinión y los medios de comunicación para lograr consenso.

Siguiendo al pie de la letra ese modelo, la ONG en cuestión pudo conseguir una posición privilegiada entre las opciones de Estados Unidos para llevar a cabo sus planes contra el país.

Despliegue internacional

Foro Penal intentó acercarse a mandatarios regionales que habían sido convocados por el gobierno de Hugo Chávez en la Cumbre Energética sudamericana, celebrada en la Isla de Margarita en 2006. Quiso concertar encuentros con mandatarios regionales, como Michelle Bachelet, entonces presidenta de Chile, para conseguir expandir sus canales de comunicación e influencia de regímenes antichavistas. Un dato que demuestra que el plan de criminalización contra el país se puso en marcha antes de tener las condiciones idóneas para imponer el relato.

En la siguiente década, éstas aparecieron en forma de movimientos golpistas que intentaron un cambio de régimen en Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro ganara las elecciones presidenciales por primera vez en 2013.

Los disturbios en 2014 y en 2017 fueron una excusa para enviar recursos a la ONG y abultar la lista de "presos políticos" y "violaciones de derechos humanos", siendo que quienes coordinaron operaciones terroristas y amenazaron con producir un conflicto violento de mayor escala, a nivel fratricida, durante esos años fueron los dirigentes del antichavismo más beligerantes.

Fue vital la proyección que medios occidentales de alcance global le proporcionaron a los datos manipulados publicados en los informes de Foro Penal, al igual que la recepción dada por la Unión Europea.

Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), canal de Washington para interferir en la región, avaló a Foro Penal otorgándole una certificación continua a la lista de presos políticos que ellos manejan desde hace años, incluyendo los datos a los ataques posteriores a Venezuela.

La disposición de la OEA de enaltecer y proyectar a Foro Penal, en contraste con el desconocimiento a las autoridades oficiales del país (que entonces había activado los mecanismos para retirarse del organismo), puede resumirse en la celebración y acompañamiento del secretario de la OEA, Luis Almagro, al director ejecutivo de la ONG cuando este recibió el premio por defensa de los DDHH de parte de Estados Unidos, el 16 de noviembre de 2017.

Con el apoyo privilegiado de la OEA vino la validación de gobiernos latinoamericanos adversos al chavismo, principalmente de los países miembros del Grupo de Lima, a la proyección de Foro Penal. Resulta curioso que aquellos mandatarios que se hicieron eco de los señalamientos contra Venezuela, fundamentados en datos cuestionables de Foro Penal, ahora estén enfrentando denuncias precisamente en el ámbito de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. 

También hay que destacar la cantidad de recursos que la ONG ha ejercido en el tema migratorio venezolano. La meta que se planteó era que los países extranjeros cambiaran la etiqueta de "migrante" por "refugiado político" para así agregar combustible al relato de la "crisis del país latinoamericano".

En ese contexto, Foro Penal llegó al punto de ambicionar con que la manipulación del tema migratorio iba a permitir una expansión internacional de la ONG, "con la creación de capítulos en diferentes ciudades del mundo donde los venezolanos se han visto obligados a refugiarse", como aparece en una nota informativa del sitio web de Foro Penal, en 2018.

"Estados Unidos es un lugar importante donde los venezolanos están viniendo, no porque quieran venir, ni siquiera por la situación simplemente social o económica del país. Muchos venezolanos vienen por el temor fundado a ser perseguido políticamente en su país", decía Alfredo Romero en esa publicación.

Existen investigaciones, bien fundamentadas, sobre el fenómeno migratorio de los últimos años en el país que afirman que los venezolanos han emigrado fundamentalmente por razones económicas, las cuales están vinculadas a la emisión constante de medidas coercitivas unilaterales implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2014.

Basta decir que la hipótesis de "refugiados" se cayó por su propio peso cuando en 2020 miles de connacionales regresaron al país huyendo de la inestabilidad política y económica de los países sudamericanos que los albergaron, además de la crisis sanitaria desatada en la región por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Objetivo: criminalizar a Venezuela

Para querer llevar a un país ante un juicio fuera de sus instituciones nacionales tendría que, al menos, crearse un consenso internacional de que los crímenes supuestamente cometidos tienen trascendencia más allá de sus fronteras, y así no hacer tan evidente que lo que se quiere es forzar un giro político a favor del poder occidental quebrando la existencia de un Estado soberano.

Con respecto a Venezuela, a pesar de la propaganda, nunca hubo apoyo global (los países de Occidente no son "el mundo") ni uniformidad en el consentimiento a nivel regional (Luis Almagro sabe muy bien de ese fracaso en la OEA), pero de todos modos se forzó la revisión del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), de la misma manera que Estados Unidos y la Unión Europea han unilateralmente emitido restricciones económicas y comerciales contra Venezuela.

Antes de la solicitud a La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito a la OEA, ya acumulaba casi 200 sentencias contra el Gobierno Bolivariano, todas sin validez porque el país había hecho oficial su salida, varios años antes, de esa comisión corrompida. Una de esas sentencias era una solicitud al Estado venezolano de "protección" a los miembros de la ONG, en el marco de una supuesta amenaza gubernamental a sus operadores.

Sin consenso internacional, la forma de empujar estos procesos, aunque sea de manera viciada, es mediante la intervención de organismos multilaterales con intereses políticos manifiestos (la OEA) y los "testimonios y denuncias" sistematizados por organizaciones locales e internacionales que reciben fondos de Estados Unidos.

Después de años de instigaciones desde Foro Penal y otros actores de peso (Amnistía Internacional, HRW, la OEA y países del Grupo de Lima), la CPI abre en 2018 el examen preliminar "Venezuela I". Las presiones han continuado para que La Haya acorte los tiempos de la evaluación (por lo general tardan años sin concluir en una investigación formal) al punto de que en dos años el caso ha llegado a la fase 3 del examen preliminar.

"Venezuela I" se sustenta principalmente en un informe de la OEA, emitido en 2018, que cifra en decenas de miles las "víctimas" del gobierno de Nicolás Maduro entre la población venezolana. El documento se nutre, entre otras fuentes, en las especulaciones ideologizadas tachadas como hechos de Foro Penal, cuya opacidad está comprobada desde sus orígenes.

Las instituciones venezolanas han desmontado las acusaciones a través de la cooperación con canales oficiales y usando métodos verdaderamente científicos para esclarecer la situación social y política de la población venezolana. Se puede mencionar, por ejemplo, que en la actualización de 2020 del informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no aparace el término de "presos políticos" y "violaciones a los derechos humanos" para referirse a situaciones y casos que dicha ONG no tarda de tildarlas de esa manera de manera apresurada, además que se reconoce el impacto del bloqueo económico.

El gobierno venezolano también ha revertido la estrategia del antichavismo denunciando a Estados Unidos ante la CPI por los delitos cometidos contra los venezolanos debido a las medidas coercitivas unilaterales (MCU), mal llamadas "sanciones", cuyos crímenes pueden calificarse de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma.

Independientemente de cómo se desenvuelva el escenario en este capítulo político-jurídico de la guerra contra Venezuela, el punto a destacar es el papel preponderante que Foro Penal ha tenido en esa hoja de ruta, por los casi veinte años de trabajo engordando el expediente contra el país, por ser una ficha de Estados Unidos (debido a la financiación directa -a través de "La "Embajada"- e indirecta -ONG internacionales- que recibe de Washington) y por los alianzas que ha construido en Europa y Latinoamérica.