El periodista Eligio Rojas reveló informaciones respecto a los movimientos de armas y municiones que realizan algunos grupos de delincuencia organizada con miras a fomentar hechos de violencia previos al 10 de enero próximo. Para esa fecha está pautada la toma de posesión del presidente reelecto Nicolás Maduro y, desde la perspectiva opositora, sería un momento de supuesto quiebre político debido a la agenda de desconocimiento de los resultados comiciales del pasado 28 de julio.

Mediante el canal del medio digital La Iguana en YouTube, mencionó a los grupos involucrados en planes de violencia con fines políticos:

• Tren del Llano en los estados Apure y Guárico.
• Los Chévrolet en Aragua.
• Yeico Masacre en Zulia.
• Sabanas Altas en Falcón.

Rojas detalló que, en este último estado, los cuerpos de seguridad realizan operativos en los municipios Tocópero y Píritu, tras la pista de actividades ligadas al envío de cargamentos de droga provenientes de Colombia.

Incautaciones y detenciones en proceso

Los movimientos de las organizaciones criminales se han detectado en puntos neurálgicos de la geografía nacional. Tanto en los estados del eje norte costero como en la región llanera se ha logrado detectar el flujo de operadores y armamento vinculados con la actividad criminal que, en lo reportado por Rojas, apunta hacia la construcción de un nuevo momentum de desestabilización política.

La permeabilidad de la frontera con Colombia e islas del Caribe constituye una oportunidad para operaciones inscritas en una agenda de violencia asumida por un sector de la oposición, dado el declive del plan golpista fraguado desde antes de las recientes elecciones.

• En Falcón se incautaron 15 uniformes militares que estaban en poder de Ramón Edgardo Infante, de 51 años de edad, un integrante de la banda Sabanas Altas.
• El pasado 28 de octubre fueron detenidos Eduardo Parra González, de nacionalidad colombiana, y la venezolana Máyira Luque en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Ambos transportaban 2 mil 600 cartuchos de diferentes calibres en un vehículo.
• La siguiente semana, en el mismo punto, fueron detenidos Jorge Alberto Requena Rojo, Nixon Orlando Ramírez Ramírez y Stephanie Angeline Alvarado Lara, todos vinculados con organizaciones terroristas de extrema derecha, según un reporte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) citado por Eligio Rojas. Trasladaban una pistola P226 con un cargador contentivo de 13 cartuchos.
• En el sector Los Olivos de Maracaibo, estado Zulia, los militares incautaron un lote de 20 armas de fuego que transportaban tres personas que fueron capturadas. Se trata de 20 pistolas 9mm que, según el reporte del destacamento 211 de la GNB, iban dirigidas al uso de bandas criminales.

Células criminales, protagonistas del swarming

Como ha referido Misión Verdad, la combinación de mercenarios, grupos delictivos, tráfico de armas y elementos de ciberguerra tiene que ver con la táctica del enjambramiento o swarming, promovido por María Corina Machado como parte de la agenda de cambio de régimen en el país.

El reporte que realizó Rojas refiere la vinculación de grupos de extrema derecha con acciones violentas con fines políticos, para lo cual los primeros han captado las mencionadas bandas criminales cuyo rol en el plan es organizar focos de violencia en paralelo con sus actividades delictivas, aprovechando la logística que esos grupos poseen y el conocimiento del territorio.

Esta práctica ha sido común en oportunidades anteriores. Cabe recordar el desempeño de bandas criminales en el municipio Sucre del estado Miranda durante la operación Gedeón en mayo de 2020. Así lo detalló el delincuente José Alberto Socorro Hernández, alias "Pepero", quien aseguró que los tiroteos en la zona eran una "cortina de humo" instruida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en aras de distraer a los cuerpos de seguridad ante la incursión paramilitar.

Eligio Rojas vinculó elementos del mencionado plan con la reciente liberación del Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar. A comienzos de noviembre más de 3 mil funcionarios, entre policías y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tomaron control del penal y de 17 pranes, o líderes negativos.

Además, las autoridades detuvieron a tres custodios del Ministerio para el Servicio Penitenciario que actuaban en complicidad, e incautaron dos fusiles, dos escopetas y armas automáticas, también más de 400 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, routers, bebidas alcohólicas y un alijo "importante de droga", según informó el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

En este sentido, el reporte de Rojas explica que se encontraron elementos que hacen presumir el uso de la población reclusa para fomentar actos de violencia con fines políticos. Asimismo refiere que estos planes fueron truncados a finales de 2023 mediante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, en la cual fueron intervenidas siete cárceles en una jornada de 50 días y se incautó gran cantidad de armas y municiones.

El caos como base programática

El declive del liderazgo de María Corina Machado y su eventual fuga del país han limitado el swarming, sin embargo las evidencias apuntan a que la conjugación de bandas criminales y dirigentes extremistas formaría parte de esa táctica de caos y enfrentamiento diseñada para crear condiciones con vistas a un golpe de Estado, apoyado en la configuración de redes de choque y la activación de grupos armados.

Otros reportajes de Rojas han develado la intervención de la DEA y grupos del narcotráfico colombiano en planes para controlar territorios en el país. Las acciones del Tren de Aragua —reconvertida en Los Chévrolet— y del Tren del Llano en hechos de confrontación luego del 28 de julio dejaron como saldo múltiples asesinatos a la población civil y daños materiales a importantes infraestructuras públicas.

Distintos voceros de la oposición antipolítica, como Iván Simonovis, han escalado el nivel de amenaza en sus mensajes y las recientes detenciones e incautaciones han confirmado el desarrollo de un plan armado que busca acelerar escenarios de inestabilidad antes del 10 de enero.

La conmoción y el golpe de Estado son la base programática de una oposición que, además de orquestar la violencia, ha vuelto a pedir sanciones contra Venezuela, de allí la importancia de la acción preventiva integral por parte del gobierno.

Debido a la falta de poder organizativo en el frente "ciudadano" que detone en la táctica de swarming, se intenta aprovechar la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.  Esto consistiría en crear condiciones de apoyo por parte de su gobierno a focos violentos y un nuevo impulso de desestabilización, sea directamente por la vía de operaciones encubiertas o apelando a la intervención por la supuesta "violación" de derechos humanos a los actores involucrados. 

Es altamente probable que estos nuevos planes desmantelados sean una señal de que los operadores en el ámbito de la guerra no convencional han decidido pisar el acelerador con la finalidad de adelantar los tiempos y condicionar el comportamiento de la administración Trump hacia Venezuela, en lo cual el sector más extremista y prointervención de la oposición deposita sus esperanzas para que la agenda de cambio de régimen vuelva a la escena y domine el paisaje político desde el propio inicio del año 2025.