La pandemia global ha sido considerada por financistas y operadores del plan de cambio de régimen en Venezuela como una oportunidad propicia para intensificar el caos social.

Los servicios públicos vienen sufriendo ataques intensos desde hace tiempo y en muchos casos se ha determinado su motivación política, además de la hiperanomia, fenómeno provocado por el ataque multidimensional que recibe el país que supone la suspensión de todas las normas que rigen la convivencia.

En 2017, derrotadas las guarimbas, escalada violenta encubierta en forma de protestas, aumentaron los actos de sabotaje perpetrados por sectores del antichavismo y dirigidos a la destrucción de sistemas eléctricos y de suministros de agua potable.

Debido a la interdependencia entre los sistemas eléctrico, hídrico, energético fósil y comunicacional, los ataques tienen un impacto exponencial y reproducen, junto a los efectos del bloqueo económico, situaciones de malestar y desasosiego en la población.

Este proceso tuvo momentos cumbres como el apagón eléctrico de marzo de 2019 que dejó a casi todo el país en tinieblas y cuya recuperación requirió de apoyo internacional. Sin embargo, antes y durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional a causa del Covid-19, ha continuado el plan de deterioro de líneas telefónicas fijas, servicio de Internet, plataformas de pago electrónico, puntos de venta, páginas de los bancos para realizar transferencias (ante la escasez del dinero en efectivo), agua, gas y electricidad que presentan un número desproporcionado de fallas que disminuyen significativamente la calidad de vida de la ciudadanía.

Vamos con algunos ejemplos puntuales.

Sabotaje al trabajo y estudio a distancia: Cantv

Una de los medidas que se han dispuesto para combatir el contagio del nuevo coronavirus es el llamado “distanciamiento social”. Esto requiere que las actividades de trabajo y estudio tengan que cambiar en su dinámica usual y sean sustituidas por la modalidad a distancia. Las telecomunicaciones son fundamentales para que se logre dicho objetivo mediante tecnologías de información y comunicación (TIC) que permitan clases virtuales y teletrabajo.

La noche del pasado 8 de febrero, casi un mes antes del decreto de estado de alarma que activó la cuarentena social, un incendio en el almacén Flor Amarillo de Cantv y Movilnet, en el estado Carabobo, causó la pérdida total de material estratégico de telecomunicaciones. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. También anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó la restitución inmediata de este material indispensable y la captura de los responsables.

Rodríguez agregó: “El extremismo opositor dirigido desde Washington persiste en su obsesión de agredir al pueblo venezolano. Juntos como una sola nación derrotaremos la violencia imperial”.

El 11 de febrero, el comisario general Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) anunció que estaban trabajando en articulación con el Servicio Bolivariano de Investigaciones (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Bomberos.

“En este momento un grupo de hombres y mujeres están entrando al depósito para ir inspeccionando detalle a detalle y lograr localizar otros focos que dieron inicio a este gran fuego que consumió tablets, canaimitas, antenas satelitales y otros bienes que son utilizados por la empresa Cantv”, agregó.

El 17 de febrero, el Cicpc anunció la aprehensión de cinco personas vinculadas al incendio cuyas pérdidas ascendieron a 275 millones de dólares y donde las llamas consumieron unos siete galpones.

Efren Enrique Espinoza Rodríguez (52), coordinador del almacén Cantv; Luis Eduardo Peralta (59); Roger Malvin Rico (38), coordinador del almacén Movilnet; Hialmar Alfredo Blanco Yanez (52), coordinador de la empresa de seguridad que vigilaba el recinto; y Jean Carlos Rafael González (40), analista de materiales Cantv, fueron los implicados.

El Cicpc no descarta el hecho como un acto terrorista, trascendió extraoficialmente que podría haber nexos con individuos que hacen vida en la ciudad de Cúcuta en Colombia.

Sabotaje a la preparación de alimentos: PDVSA Gas

El servicio de gas doméstico ha experimentado diversos traspiés en su proceso de distribución, lo que ha producido protestas en varios sectores del país pero también una respuesta ejemplar por parte del poder popular mediante los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP) y demás actores territoriales, quienes organizan la distribución en las comunidades asegurando su acceso a las mayorías.

Además de las dificultades para preparar alimentos en ausencia de este combustible fósil, las aglomeraciones de personas en las barriadas en la espera de la distribución de bombonas constituyen riesgo de contagio del Covid-19.

La madrugada del 20 de marzo se produjo una explosión en la planta El Carito, instalación perteneciente a la División de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el municipio Ezequiel Zamora (Punta de Mata) del estado Monagas.

El siniestro destruyó parte importante de la infraestructura petrolera y gasífera de la zona, sin embargo, mediante el cierre de las válvulas se pudo controlar la mitad del incendio y no se reportaron heridos.

Medios anunciaron que quedaba paralizada la producción de gas doméstico, lo que podía afectar la distribución en la entidad. Se informó que la estación siniestrada tiene una producción de 37 mil barriles de petróleo por día. Cabe destacar que la División Punta de Mata tiene una producción de 140 mil barriles por día.

Algunos portales abiertamente antichavistas se adelantaron a responsabilizar a “la falta de mantenimiento y de inversiones en la industria petrolera” del siniestro sin informe técnico de las causas.

Sabotaje a la higiene y limpieza: Hidrocapital

Otra de las medidas que la población debe poner en práctica es la limpieza de los espacios públicos y privados para evitar que el virus se incube en ellos. A través de la Misión Venezuela Bella, el gobierno venezolano ha higienizado plazas y avenidas en diversas ciudades. Asimismo las familias deben ser estrictas en la higiene al retornar de la calle, de esta manera se protege a adultos mayores y niños, para quienes el nuevo coronavirus es más riesgoso.

La noche del pasado 12 de mayo se registró un incendio en el sistema de electricidad de la estación de bombeo Nº 32 de Hidrocapital, ubicada en el sector Caujarito, en la carretera nacional Charallave-Santa Teresa, lo que afectó la celda del interruptor número 6 y obligó tomar medidas de seguridad como suspender temporalmente el servicio eléctrico en esta estación de bombeo, en la Chara y en la Planta Potabilizadora de Caujarito.

El 14 de mayo un incendio dañó las celdas de alimentación eléctrica de la estación de bombeo Taguacita, en los Valles del Tuy, estado Miranda. Esta avería provocó que varios sectores de Miranda y Distrito Capital quedaran sin servicio de agua durante días y, aunque la restitución inició gradualmente el domingo 17 de mayo, pasaron varios días más para que retornara el servicio en determinadas zonas.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseveró que se trataba de un ataque al sistema hídrico del país, y que presuntos saboteadores accionaron un explosivo que afectó el panel de control de la estación de bombeo. Como es menester, medios del antichavismo pusieron en duda la versión oficial diciendo que “surgieron” distintas versiones que explicaban el origen del incidente.

El 24 de mayo se produjo un incendio en las adyacencias de la estación de bombeo Nº 33 de Hidrocapital, ubicada en el sector Sabaneta de Los Anaucos, en la parroquia Las Brisas del municipio Cristóbal Rojas. Este tercer siniestro en menos de un mes fue atendido por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda y generó la suspensión momentánea del servicio de agua potable en el Distrito Capital, que posteriormente fue restablecido.

Un plan detrás del caos y un momento crucial

Por su parte, los medios nacionales e internacionales, junto a laboratorios que utilizan redes como WhatsApp, mantienen una permanente campaña que alimenta la percepción generalizada de que el país está al borde del precipicio, lo que causa descontento y desesperanza que desembocan en protestas.

Tal escenario es propicio para el aumento de contagios por aglomeraciones, el colapso del sistema sanitario ya golpeado por el ataque multidimensional y sirve de caldo de cultivo para el estallido social.

El antichavismo y sus socios regionales han buscado, sin éxito, revivir las guarimbas en el país buscando perfeccionar su receta de las “primaveras” de tinte pacífico por un lado, mientras organizan incursiones armadas por el otro. Todo en medio de una pandemia que mantiene al mundo en vilo ante la recesión económica y el agotamiento de un modelo civilizatorio.

No puede quedar fuera del análisis el hecho de que muchas empresas prestadoras de servicios públicos están en la agenda privatizadora de un eventual gobierno neoliberal si fuera desalojado el chavismo del poder. El deterioro que esta escalada de sabotaje está ocasionando permitiría que dichas empresas sean vendidas a precio “de gallina flaca”, lo que es apetecible para los mismos sectores privados que hoy financian el golpe continuado.

Algunas voces plantean que los servicios pueden mejorar si se cobran al precio “internacional” sin tomar en cuenta el nivel de dependencia tecnológica de su infraestructura, y lograr una transformación que conduzca a la independencia requiere mucho tiempo.

La falta de divisas, producto del bloqueo de cuentas venezolanas en el extranjero, no permite que las empresas extranjeras que vendieron sistemas de bombeo, extracción, control electrónico u otros puedan dotarnos de repuestos.

Por último, hay un proceso de degradación sistémica en una minoría burocratista que se deja influir por campañas desmoralizadoras u ofertas monetarias para dañar instalaciones o hacer manos caídas ante las demandas sociales.

Tal parece que el silencio mediático no les permite conocer lo que viven los sectores trabajadores en países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, El Salvador y Honduras, cuyos gobiernos fueron entregados a oligarquías sin patria y cuyas sociedades están pasando las de Caín en tiempos de pandemia.

El momento, dada la fragilidad infraestructural en Venezuela, parece crucial para transformaciones profundas.