La gestión de Julio Borges en la presidencia del Parlamento nacional durante 2017 fue crucial en la promoción y legitimación ante la opinión pública de la aplicación de Medidas Coercitivas y Unilaterales (MCU) contra el país.

Aunque es sabido que Borges no tenía capacidades por sus propios medios de lograr estas acciones, su papel en el parlamento fue clave para dar por sentadas las narrativas estadounidenses de que el bloqueo tenía a lugar como medida a solicitud del "único poder legítimo en el país",  en referencia a la Asamblea Nacional (AN) en desacato.

Borges tampoco tuvo las capacidades de cabildear ámbitos específicos de aplicación de las MCU ni capacidad para incidir en las decisiones de sus ejecutores; sin embargo, fue un actor destacado en la construcción de la narrativa de "crisis humanitaria" que sirvió de argumento para la aplicación de estas medidas.

En 2017, el presidente Nicolás Maduro indicó: "Le he pedido al presidente Tribunal Supremo de Justicia y a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que se inicie un juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas que han sido tomadas y que dañan nuestra vida económica", dijo el mandatario en aquella oportunidad.

Desde entonces, las acciones jurídicas en el país se enfilaron contra operadores concretos como Julio Borges. Pero, sabemos, estas acciones no han logrado someter a un andamiaje que va más allá de los actores venezolanos.

De esa manera, durante el año 2019 y lo que va de 2020 la figura del parlamento nacional ha servido para darle "rentabilidad política" a las acciones de asfixia contra el país.

Cuando la divisa es el norte

El advenimiento del gobierno fake de Juan Guaidó ha sido el factor central de la aplicabilidad y recrudecimiento de las medidas de asfixia contra Venezuela durante 2020.

Estas acciones fueron sostenidas por Washington en medio de su trama electoral. A expensas de una búsqueda frenética de apoyo en el estado clave de Florida, la Administración Trump relanzó el bloqueo contra Cuba y afianzó su política hostil contra Venezuela.

El Gobierno estadounidense se afincó en una política de desmantelamiento del poder político en Venezuela y proyectó al país como un modelo de "vitrina" donde mostraba su signo de "máxima presión".

Evidentemente, pretendían capitalizar el desmembramiento de Venezuela por propósitos claramente funcionales a la reelección de Trump este 2020 y, por supuesto, por razones estratégicas que yacen en la avidez norteamericana por los recursos venezolanos.

Sin embargo, la asimilación del bloqueo ha tenido otros significados a lo interno de la política venezolana. A finales de agosto de este año, la encuestadora Hinterlaces publicó un estudio de opinión donde señalaron que un 81% de la población venezolana se encontraba "en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras para sacar al presidente Maduro del poder".

En el mismo estudio los encuestados coincidieron en un 83% con que dichas sanciones perjudicaban a la población y no al presidente y a sus funcionarios.

De ser entera o parcialmente fidedignos los resultados de Hinterlaces, estaríamos ante un quiebre medular en las narrativas que legitimaron, en su momento, las medidas contra el país.

Lo que quiere decir que la supuesta "legitimidad" parlamentaria que les dio pie quedó avasallada en el ámbito de la política interna y persiste al día de hoy estrictamente para el frente externo, para continuar las presiones contra Venezuela.

En agosto de este año, el representante especial para Venezuela de Estados Unidos, Elliott Abrams, declaró en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Senado que el apoyo de Donald Trump al gobierno fake "no cambiará" pese a realizarse las elecciones parlamentarias.

Esto implica la pretendida continuidad por vías artificiales del "gobierno" de Guaidó en nombre de la hoy cuestionada legitimidad del Parlamento,  vigente hasta enero, cuando se instale la Asamblea correspondiente al periodo 2021 2026.

Fijémonos en la importancia de las narrativas para manufacturar la opinión pública y el uso instrumental del Poder Legislativo venezolano para dichos fines. En la misma comparecencia de Abrams dijo:

"Guaidó fue escogido democráticamente dentro de la AN con el voto de diputados democráticamente electos. No fuimos nosotros (EEUU) quienes lo pusimos ahí, fue la Constitución de Venezuela".

Desaplicación o desmantelamiento del bloqueo

Pese al eventual cambio de Gobierno en Estados Unidos es preciso afirmar que no está prevista ninguna modificación en la hoja de ruta que supone el apalancamiento de los estadounidenses en la "legitimidad" de la AN saliente.

Sin embargo, medios estadounidenses como The Washington Post y el New York Times sugieren que los giros en la política estadounidense con Biden vendrían con un probable distanciamiento de Juan Guaidó.

Pero ello no implica que la AN no siga como foco esencial de la legitimación del bloqueo.

El más probable escenario luego de las elecciones de diciembre es el de una desmembrada y reducida AN paralela de Guaidó, que continuará como "legítima" y "legal" gracias al apoyo de EEUU, consumando el desplazamiento de esos sectores antichavistas fuera de la escena venezolana y subsistiendo solo en el frente externo.

Evidentemente, ese no es el escenario pensado por los estadounidenses. Ellos suponían que a estas alturas el presidente Maduro no estaría en el cargo y que las elecciones parlamentarias no harían evolucionar a la AN vigente en el actual ostracismo institucional a lo interno y externo.

Dicho esto, hay que interpretar el contexto al corto plazo como un espacio de oportunidades políticas. La próxima AN tiene la obligación política actuar dentro y fuera del país para revertir el desmantelamiento de las medidas de bloqueo contra Venezuela.

Esta debe ser también una de las ofertas de campaña del chavismo. Tal como la AN fue clave para construir los relatos favorables al bloqueo, también debe ser clave para revertirlos. Aunque esa labor se considera en buena medida lograda dentro del país, no ocurre así puertas afuera.

El nuevo parlamento debe considerar la creación de comisiones de apoyo y acompañamiento al ejecutivo nacional en todas las tareas para denunciar y solicitar la derogación de las MCU contra el país.

Debe considerar la creación de equipos de varios partidos políticos que hagan vínculos con otras organizaciones del extranjero, con medios de comunicación, con instancias de la institucionalidad internacional, para proponer el desmantelamiento del bloqueo contra el país.

En este punto, la visualización de una oposición venezolana adversa al bloqueo es clave. Y debe servir para favorecer la ruptura de los consensos internacionales alrededor del bloqueo, yendo a los lobbys de la Unión Europea y de Estados Unidos para sostener el hecho de que habrá una nueva AN democráticamente electa, diversa, que asume una posición contraria a la continuidad del bloqueo estadounidense.