En otro acto de interferencia en los asuntos internos de Venezuela, la Unión Europea (UE) desplegó un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra las instituciones del país latinoamericano. Esta vez el objetivo es el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra (del partido opositor Primero Justicia), y otros altos funcionarios del Estado venezolano del poder judicial y ciudadano.

En esta nueva tanda de sanciones también fueron incluidos los diputados antichavistas Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, que integran la fracción que desplazó a Juan Guaidó al frente del Parlamento el pasado 5 de enero, tras no presentarse para la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional en el hemiciclo de sesiones.

Como contramedida a estas sanciones, el presidente Nicolás Maduro decidió expulsar del territorio nacional a la embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa, dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país.

“Se le presta un avión para que se vaya (…) Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE (…) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución”, enfatizó Maduro en medio de un acto de premiación a periodistas venezolanos.

El presidente venezolano aseveró que el bloqueo europeo continúa bajo la tutela de la Administración Trump en cuanto al tratamiento de la situación venezolana: “La Unión Europea termina en la cola del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué vergüenza, verdad? 27 países (…) de rodillas a Donald Trump y sus políticas de agresión y erráticas sobre Venezuela”.

La medida de expulsión de la embajadora de la UE también responde a la última revelación del periódico estadounidense The Wall Street Journal, donde el tutor de Juan Guaidó, Leopoldo López, es señalado como el arquitecto de la fallida Operación Gedeón del pasado 3 de mayo.

En su reportaje, The Wall Street Journal indica que Leopoldo López, desde la embajada de España en Caracas, donde reside desde el fallido golpe de Estado del 30 de julio de 2019, barajeó distintas opciones y compañías mercenarias que serían contratadas para ejecutar el magnicidio del presidente Nicolás Maduro.

Finalmente, López se decantó por la empresa Silvercorp, a cargo del mercenario estadounidense Jordan Goudreau, y su delfín, Juan Guidó, selló con su rúbrica el contrato que estipulada el derrocamiento sangriento de Nicolás Maduro y la toma de posesión ilegal del falso interinato dirigido por el diputado de la Asamblea Nacional.

Después de la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la omisión legislativa del Parlamento, la UE se alineó a la postura de Washington, encaminada a desconocer y trabar las próximas elecciones legislativas para un desescalamiento del conflicto político e institucional en Venezuela.

Las nuevas sanciones ilegales de la UE confirman, al decir de Maduro, la subordinación del bloqueo europeo con respecto a las directrices geopolíticas de la Administración Trump.

Y en este sentido, Juan Guaidó juega un papel clave. Su capital político está agotado y su capacidad de arrastre en la calle, así como su influencia mediática, se ha desvanecido en los últimos meses, mientras el Gobierno venezolano asume las riendas del país en medio de la pandemia de Covid-19.

Ante esta situación, y como era de esperarse, Washington ha salido a su rescate apoyando la extensión indefinida de su gobierno imaginario, pasando por encima del voto de los venezolanos en las parlamentarias que se realizarán en los meses por venir.

Pero este bombeo de oxígeno no ha sido suficiente, por lo que han presionado las tuercas del bloque europeo para una dosis superior de apoyo.

Justamente las sanciones contra la directiva de la Asamblea Nacional, complementan el cuestionamiento de la UE al nuevo CNE hace pocas semanas y marca un nuevo impulso de los países occidentales para desconocer el venidero proceso electoral en Venezuela.

De esta forma, la UE vuelve tensar la cuerda y apuesta al recrudecimiento de la crisis política e institucional en Venezuela por mandato estadounidense, bloqueando las opciones constitucionales para su resolución en las urnas de votación.

Y es que la UE ha vuelto a fallar en su precario cálculo geopolítico: concederle a Washington un respaldo ciego a Guaidó, pero evitando tomar un papel notablemente agresivo contra Venezuela para seguir formando parte de las negociaciones entre los factores políticos en pugna.

En otros tableros geopolíticos (caso Irán o con las recientes sanciones a la Corte Penal Internacional) este relación de amor y odio ha hundido el peso internacional de la UE.

Esto lo sabe Washington y cada cuanto suele orientar al bloque europeo para que tome una posición más acorde a sus intereses. El equilibrismo al que juega la UE no sólo debilita su posición geopolítica, sino que también socava su narrativa internacional de proyectarse como un factor clave en la solución pacífica del conflicto venezolano.

Con la expulsión de la embajadora de la UE, Maduro no sólo ha hecho respetar las instituciones venezolanas.

También profundiza las contradicciones a lo interno del bloque europeo, obligándolos a decidir entre seguir la agenda de Washington y aislarse del tablero político venezolano, o marcar una postura independiente, de diálogo y negociación, que contribuya a recuperar la credibilidad internacional de la UE.

Ahora la pelota vuelve a la cancha de los europeos y son ellos quienes tendrán que decidir el juego que quieren jugar, porque el que han jugado hasta ahora solo beneficia a Washington.