La intervención militar en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y son muchos los dirigentes políticos de oposición que han promovido abiertamente esta opción.

Se esforzaron por aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el recurso de la "doctrina" de la Responsabilidad para Proteger (R2P), con el objetivo de obtener apoyo internacional para la intervención extranjera en el país, en el caso del segundo con cobertura "humanitaria" y "preventiva".

Antes de recordar cómo y cuándo algunos líderes políticos invocaron estos mecanismos de intervención, tenemos que hacer un repaso por los mismos para conocer el grado de amenaza al que la oposición intentó someter toda la nación.

El discurso bélico del TIAR

El TIAR, firmado en 1947, se considera esencialmente un documento de la Guerra Fría debido a que su justificación ideológica era que había que situar a América Latina y el Caribe lejos de la amenaza del comunismo, representado en ese momento por la Unión Soviética. 

Fue creado en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continental, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en septiembre de 1947 —de ahí su denominación como Tratado de Río—. La sugerencia para su creación se hizo en la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz en Ciudad de México en 1945, después de la aprobación de la Carta de la ONU.

El TIAR se estableció bajo el principio rector de prevenir y repeler amenazas y actos de agresión contra cualquier país en las Américas, en línea con los principios de la Doctrina Monroe y en respuesta a la influencia soviética. Se centraba en la "Doctrina de Seguridad Nacional" establecida en la "Internacional de las Espadas" de 1954 en Caracas.

La "Doctrina de Seguridad Nacional" jugó un papel fundamental en la lucha contra la influencia comunista en América Latina y el Caribe, y en la protección de los intereses de Estados Unidos. Es importante señalar que el término "comunista" se utilizó como una excusa para justificar cualquier planteamiento político-económico distinto, incluso aquellos que se situaban en una línea neutral. También vale la pena destacar que, en este contexto, la operación Cóndor consideraba a estos como los más peligrosos.

Formulada por el Departamento de Estado, se centró en el concepto de contrainsurgencia y en la necesidad de proteger los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en América Latina, para lo cual creó unidades especializadas y formó militares latinoamericanos en técnicas de guerra contra guerrilla. Fue aplicada en muchos países de América Latina, incluida República Dominicana en 1965, que es un caso ilustrativo de la aplicación del Tratado de Río.

Estados Unidos invadió esa isla el 28 de abril de 1965 con una fuerza de 42 mil soldados, respaldados por la OEA y una fuerza brasileña, para derrotar una insurrección popular liderada por el coronel Francisco Caamaño. La intervención militar estadounidense comenzó con el desembarco de la Infantería de Marina el 28 de abril y se utilizó una gran cantidad de aviones de transporte y buques de guerra. La operación resultó en la muerte de más de 6 mil civiles dominicanos.

Se utilizó el TIAR como justificación para tomar medidas de autodefensa colectiva ante el "riesgo" de la presencia comunista en los movimientos populares. Sin embargo, el artículo 3(2) del Tratado de Río establece que la acción unilateral sólo puede ser emprendida tras una petición de ayuda del Estado atacado. Según el académico Ved Prakash Nanda, la intervención de Estados Unidos en la crisis de República Dominicana en 1965 no cumple con estas normas ya que no había un gobierno establecido para solicitar ayuda, y la petición inicial de fuerzas armadas se hizo con el objetivo proteger a ciudadanos estadounidenses.

Es importante señalar que, en realidad, había un gobierno electo liderado por Juan Bosch que fue derrocado y, posteriormente, reinstaurado por Bosch mediante la delegación del mando en Caamaño. Por otro lado, Nanda dice que la presencia comunista en el movimiento popular no tenía fundamentos claros, el papel estelar lo tenía la fracción patriótica del ejército dominicano, y República Dominicana no podía ser considerada víctima de una agresión según el TIAR.

Varios países del Caribe que obtuvieron su independencia después de 1947 —excluidos Bahamas, Trinidad y Tobago y las Guyanas— aún no se han incorporado al TIAR. Perú denunció el tratado en 1990, aunque la revocó el año siguiente. México se retiró en 2001 basado en el argumento de que era poco útil y obstaculizaba la creación de una noción adecuada de seguridad hemisférica.

En 2012 Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países todos pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en ese momento, decidieron retirarse conjuntamente del Tratado justificados en su politización e ineficacia, y citaron la Guerra de las Malvinas como muestra de eso.

En la actualidad, contra Venezuela se ha intentado desempolvar el TIAR solo por su valor militar, y así como con eso, se busca revivir cualquier reliquia que sirva para tales propósitos. A pesar de los esfuerzos por utilizar el Tratado como una forma de intervenir en los asuntos internos de Venezuela y promover un cambio de gobierno, esta estrategia ha demostrado ser un rotundo fracaso y ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional debido a que promueve violaciones flagrantes de la soberanías nacionales.

Intervenciones militares que se disfrazan de humanitarismo

La Responsabilidad para Proteger (R2P) surgió a principios del siglo XXI como una nueva forma de encubrir intervenciones militares directas. La promoción de esta idea se centró en las grandes potencias occidentales, fue empleada como justificación para intervenir en Libia en 2011. En ese caso, la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad fue la primera en dar vía libre a la idea de la R2P, con lo que se constituyó como la expresión más lograda de los poderes atlantistas en este sentido. La intervención fue desastrosa para el país del norte africano.

Se formuló por primera vez en el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambio convocado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en 2000. Gareth Evans, expresidente de International Crisis Group y autor del libro La responsabilidad de proteger. Acabar de una vez por todas con los crímenes atroces masivos, y Mohamed Sahnoun, exasesor especial para África del Secretario General de la ONU y antiguo alto diplomático argelino, los autores del informe fueron los primeros en utilizar el término "responsabilidad de proteger" para describir la obligación de los Estados y la comunidad internacional de asistir a las poblaciones vulnerables.

Tanto la Responsabilidad para Proteger (R2P) como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), si bien uno tiene alcance global y el otro se limita al hemisferio, se enmarcan en las intenciones aparentes de intervenir para amparar a la población en casos en los que un Estado no sea capaz o no quiera garantizar la seguridad. En ese sentido, la R2P se acerca a la tesis de Estados fallidos, mientras que el TIAR hace referencia a la amenaza del comunismo internacional.

Durante la década de 1990 se produjo un cambio trascendental en los conflictos internacionales que tuvieron lugar en zonas como Ruanda, Somalia, Bosnia y Kosovo. A diferencia de conflictos anteriores, estos se caracterizaron por una alta intensidad, como fue el caso de Ruanda, y por ser originados por divisiones internas o la ruptura del Estado.

En todos estos casos se desprende la presunción de que "nadie hizo nada" para prevenir o intervenir en estas crisis, por lo que favorecía la idea de que era necesario la actuación de la comunidad internacional como "buen samaritano" para resolver los conflictos.

La polémica sobre esta actuación alcanzó su punto álgido con la guerra de Kosovo. En 1999 la OTAN, liderada por Estados Unidos, bombardeó la República Federativa de Yugoslavia bajo la excusa de prevenir una catástrofe humanitaria. Este ataque fue ilegal ya que se saltaron el Consejo de Seguridad de la ONU, y causó la muerte de más de 2 mil civiles inocentes y el desplazamiento de casi un millón de personas. Dichos precedentes de "intervención humanitaria" sirvieron para formular la doctrina R2P.

El artículo de Anne Marie Slaughter, "A duty to prevent", desempeñó un papel importante en la militarización —aún mayor— de la doctrina R2P bajo el paradigma de la Guerra Global contra el Terrorismo. En su artículo —cofirmado por Lee Feinstein, antiguo diplomático y alto funcionario de los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos—, Slaughter argumentó que Estados Unidos tenía el deber de evitar ataques terroristas contra sus ciudadanos, incluso si eso significaba tomar medidas militares contra países que albergaran terroristas.

La R2P se incluyó después en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 y en la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en 2006. Estos documentos reconocieron su importancia y establecieron los criterios para justificar las intervenciones externas "blandas" y humanitarias bajo un mandato de la ONU.

Efectivamente, ha sido utilizada como una herramienta de intervención. El debate sobre la R2P se ha centrado principalmente en Occidente, mientras que la postura de los 120 países miembros del Movimiento de Países No Alineados defienden el principio de no intervención como base de los Estados-nación.

Cabe destacar que la R2P no cambia la carta de la ONU, que en su artículo 2.4 estipula que "los miembros de la Organización (...) se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas". Además, en el artículo 2.7 señala que "ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que sean esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados".

Sin embargo, este concepto ha sido utilizado como justificación para la interferencia en los asuntos soberanos de los países en nombre de la prevención de "grandes crímenes inminentes", incluso cuando las potencias que implementan la R2P sí llevan un historial de crímenes a gran escala como colonización, esclavitud y genocidio.

En 2011 Estados Unidos y sus aliados europeos tomaron la decisión de intervenir en Libia bajo la premisa de la responsabilidad de proteger (R2P), la cual no había sido aplicada previamente de la forma en que fue promovida por la autora de "A duty to prevent" y otras figuras influyentes estadounidenses como Susan Rice, Samantha Power, Hillary Clinton.

La invasión tuvo como supuesto objetivo salvaguardar a la población civil libia del gobierno de Gadafi, pero en cambio condujo a una crisis humanitaria masiva. El profesor Alan Cooperman afirma que la OTAN provocó al menos 10 mil muertes adicionales a las que había antes de su intervención. Desde entonces, Libia ha caído en la confusión y el caos, con un colapso económico y social, luchas entre señores de la guerra locales, extremismo violento y una crisis de refugiados e inmigración ilegal.

¿Quiénes invocaron el TIAR y la R2P?

En septiembre de 2019 el gobierno de Estados Unidos lideró la convocatoria a una reunión extraordinaria de los países miembros del TIAR en la que se discutió la aplicación de su Artículo 187, el cual permite la adopción de medidas colectivas por parte de los Estados adheridos contra una nación en caso de que se produzca una "ruptura del orden democrático", sin aplicar la Carta Democrática de la OEA en Venezuela.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la invocación del mecanismo tenía el objetivo de "facilitar más acciones colectivas para enfrentar la amenaza que representa el antiguo régimen de Nicolás Maduro". En la reunión Washington y otros países miembros acordaron imponer #sanciones" económicas y políticas a Venezuela. Un total de 11 países de los 19 miembros votaron a favor de la activación del Tratado contra Venezuela: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana.

La iniciativa liderada por Estados Unidos, además de aplicar medidas económicas específicas que afectarían la economía de Venezuela en puntos claves como la venta de petróleo, aunado a las dificultades que implicó para la adquisición de alimentos y medicinas, también incluyó una declaración de guerra política diseñada con vistas a perturbar el proceso de diálogo que se estaba llevando a cabo con distintos sectores políticos del país, y del cual se había retirado el grupo que representaba a Juan Guaidó. Para Washington, el respaldo a esta figura era una condición imperativa para cualquier tipo de negociación.

Todo esto se produjo después de que la Asamblea Nacional elegida en 2015, controlada por el bloque de partidos de oposición, tomara la decisión de votar a favor de la reincorporación del país al TIAR, lo que claramente exacerbó la situación política y diplomática de Venezuela.

Uno de los tantos elementos criminales que constituyó el extinto falso gobierno de Juan Guaidó fue impulsar la invocación de la R2P como razón para una posible intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados. Guaidó instó continuamente a la aplicación de este recurso y, además, una delegación nombrada por él intentó fallidamente procesar al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional.

En el informe de 2020 de la Misión "Independiente" de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos-ONU se señalaron supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro Moros, con los que se buscaba respaldar una posible intervención bajo la premisa de custodiar al pueblo venezolano. Este informe se convirtió en un instrumento para apoyar la invocación de la R2P, entre otras tácticas desestabilizadoras.

Cuando Guaidó solicitó a la Asamblea General de la ONU el empleo de la R2P todavía existía una unificación en los criterios con otros partidos opositores, en especial del G4, que agrupaba a Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Por lo que el apoyo es implícito.

El presidente Nicolás Maduro denunció públicamente su convicción de que existía connivencia en el G4 para la promoción de una posible intervención militar en el país usando la R2P como excusa. En octubre de 2020 Maduro declaró que la "R2P es la intervención militar ya. ¿La excusa? Los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país".

El fugitivo Leopoldo López habló de la "importancia del R2P" para emplearlo sobre Venezuela:

"Ya varias etapas de la responsabilidad de proteger están activas gracias a los esfuerzos del presidente Juan Guaidó y al apoyo de la comunidad internacional. Un ejemplo de las medidas tomadas en el marco de la responsabilidad de proteger son las 'sanciones' individuales contra violadores de derechos humanos y la activación de la justicia internacional", dijo en diciembre de 2020 cuando participaba en una consulta popular, práctica que varias veces utilizó el grupo de Guaidó para tratar de conseguir apoyo de la población.

Otros sectores de la oposición, que ahora en las campañas a las primarias se acercan a la población con un discurso más moderado, instaron a estas acciones de intervención militar extranjera. Entre ellos destaca María Corina Machado, quien en varias ocasiones recomendó la activación del TIAR y la R2P, la interrupción de los canales de diálogo con el gobierno venezolano y el rechazo de la vía electoral como solución al conflicto.

También envió una carta, junto a Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Carlos Ortega, Enrique Aristeguieta Gramcko y Asdrúbal Aguiar, en la que pedían a la "comunidad internacional" intervenir en Venezuela bajo los principios del TIAR y la R2P.

Por su parte, Copei se unió a Primero Justicia en la manifestación de su "apoyo irrestricto" a la inclusión de Venezuela en el TIAR, asegurando que esto no contenía fines bélicos sino que era una herramienta necesaria para conseguir la paz.

Tanto el TIAR como el R2P representan mecanismos que han puesto sobre la mesa la posibilidad de una escalada en el conflicto contra Venezuela y la amenaza de intervención militar en dicho país. Abogar por estos mecanismos era satisfacer a la administración Trump.

La opción de que se utilizara la fuerza militar habría agravado aún más una situación que ya estaba deteriorada en los ámbitos económico y social debido a las medidas coercitivas unilaterales, y en el ámbito político regional por la presión de varios gobiernos para elevar las tensiones contra Venezuela e intentar aislarla.

La dirigencia opositora venezolana que se sumó al llamado de intervención contra Venezuela ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones. La exigencia de conducir el país a un desenlace de conflicto militar ha aumentado la desconfianza de la población venezolana hacia dicha dirigencia.

Ahora que la oposición quiere participar en las elecciones presidenciales y medirse contra el gobierno nacional por los canales regulares habla de reconciliación, recuperación de los derechos humanos y del camino democrático, cuando es sobradamente conocido su afiliación a una estrategia de intervención directa promovida por Estados Unidos.