Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó “duplicar” el número de militares en Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del Océano Pacífico y el Caribe, lo que incluye a Venezuela, pero no abundó en detalles.

El mencionado despliegue de barcos frente a Venezuela para una operación antidrogas es otro dispositivo mediático anunciado luego de acusar, sin pruebas fehacientes, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una conspiración de narcotraficantes responsables del contrabando de hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos.

“Este es un momento particularmente importante para que comience esta operación”, dijo el secretario de Defensa Mark Esper, relacionando el anuncio con Venezuela al decir que “el pueblo sufre de manera tremenda dado el control que ejerce (el presidente Nicolás) Maduro y su control criminal sobre el país, y los narcotraficantes se están aprovechando de este vacío de la ley”.

De acuerdo con Esper, la misión estaría respaldada por otros 22 países, entre ellos Colombia, el mayor productor de cocaína en el mundo que, junto a Estados Unidos el mayor consumidor, enfoca sus narrativas, amenazas, denuncias y “operaciones” contra Venezuela.

A continuación, cuatro experiencias venezolanas que pudieran servirles para aprender a combatir dicho flagelo.

1. Deshágase de la DEA

Sí, Estados Unidos y Colombia deberían deshacerse de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para aumentar las incautaciones y aprehensiones por narcotráfico.

En 2005, el presidente Hugo Chávez dejó de cooperar con la DEA y la acusó de espionaje en Venezuela asegurando que “el asunto de la DEA es un asunto de soberanía al que veníamos haciendo seguimiento, y resulta que la DEA estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico para, incluso, apoyar el narcotráfico, para hacer inteligencia en Venezuela contra el gobierno”.

En aquella ocasión el portavoz del Departamento de Estado respondió diciendo que “las acusaciones de que, de alguna manera, la Agencia para el Control de Drogas está involucrada en espionaje no tienen base. No existe fundamento o justificación para ellas”.

En 2008, luego de que el presidente Evo Morales expulsara a la DEA de Bolivia, el codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Mark Weisbrot, escribió: “Para los bolivianos, Estados Unidos está usando la ‘guerra contra las drogas’ por toda Latinoamérica principalmente como excusa para tener más efectivos sobre el terreno, y establecer nexos con fuerzas militares y policiales locales”.

Puede agregarse a dichas acciones injerencistas el acceso a las redes nacionales de telecomunicaciones, el almacenamiento del contenido de llamadas telefónicas y escándalos sexuales.

La labor de la DEA en los países donde “coopera” no es solo judicial sino que comparte su información con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) para contribuir a trabajos de espionaje sin relación al tráfico de drogas como la conspiración en cambios de régimen.

Luego de 2005, en Venezuela se procedió con la captura de más de 100 capos del narcotráfico en territorio venezolano, cuando antes de la ruptura con la DEA no se había apresado a ninguno. Así lo ratificó en 2017 el entonces vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, quien fue acusado por Estados Unidos de crímenes por narcotráfico y agregó:

“Luego de romper los acuerdos, hemos capturado más de 100 importantes jefes del narcotráfico en territorio venezolano, 21 de ellos fueron entregados a la justicia estadounidense y esos son los que declararon en mi contra. Soy acusado por los mismos narcos que capturé y extradité”.

De igual forma, El Aissami hizo referencia a los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 que destacan a Venezuela como uno de los primeros países del mundo en la lucha contra el narcotráfico.

Solo entre 2009 y 2014 los cuerpos de seguridad incautaron por encima de las 50 toneladas anuales de estupefacientes; durante la cooperación con la DEA no pasaban de las 40 toneladas.

2. El capitalismo es peor si es narco, no insista

Como todo negocio del capitalismo, el narcotráfico desposee a la gente más pobre en favor de las élites. Se conformó reproduciendo las mismas estructuras injustas de la economía capitalista que han predominado en Colombia desde hace 100 años, integrando a su metabolismo miles de familias miserables y desplazadas por la violencia de otras regiones que se han asentado en las regiones más alejadas de los centros poblados, donde la tierra no tiene propietarios por ser selvas inhóspitas.

El negocio de la coca logra aliviar la exclusión estructural del neoliberalismo colombiano y los intermediarios costean los primeros gastos del cultivo o procesamiento de la hoja de coca y luego compran la producción.

Se calcula que los campesinos que procesan la pasta básica de la cocaína reciben en pago sumas 250 veces inferiores a las recaudadas por quien vende la droga en el Norte Global como Estados Unidos y Europa, y 40 veces inferiores a lo que la comercian en Colombia antes de la exportación.

Sin embargo, la participación en ese negocio se convirtió para esas familias en la única alternativa de supervivencia y no pueden cultivar otros productos agrícolas en esas tierras recuperadas a la selva por ser inaccesibles para el mercado agroalimentario.

Venezuela ha avanzado en la democratización del acceso a las tierras mediante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, evitando la violencia política a raíz de la disputa por la tierra que originó la guerra que Colombia vive por más de 60 años. Además de amplias políticas sociales que promueven la inclusión social y la organización política de los sectores populares.

Ninguna de las propuestas gubernamentales de sustitución de cultivos en Colombia ha tenido en cuenta las realidades locales ni las aspiraciones populares, pues ninguna alternativa contempla el desarrollo y una cierta garantía de comercialización de los productos agrícolas alternativos. Antes, los promotores de tales alternativas son sistemáticamente asesinados.

La erradicación de cultivos en el marco de la política mundial contra las drogas contribuye a la pobreza, el hambre y el desplazamiento de la gente, según un informe de la organización Open Society Foundations (OSF), del magnate George Soros. En las zonas donde se intentó la erradicación asperjando glifosato, hubo un aumento de 2,9% de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro; en las zonas donde más se presentó fumigación aérea, el aumento de esta tasa fue del 8,7%.

Analistas afirman que entre un 2 al 4% del producto de la venta de cocaína en los países del Norte retorna a Colombia y circula en su economía clandestina. El 96% restante se queda en el Norte irrigando su economía mientras los narcotraficantes colombianos lavan ese dinero comprando tierras más productivas (poseen un alto porcentaje de estas en todo el país) en zonas con presencia guerrillera, y por ello los narcotraficantes decidieron apoyar y crear grupos paramilitares para expulsar de esas zonas a los insurgentes.

La simbiosis narcocapitalista entre Colombia y Estados Unidos es tal que Evo Morales llegó a denunciar a la DEA por revender el 50% de la droga que incautaba y utilizar el dinero para financiar operaciones ilícitas, entre ellas las conspiraciones que terminaron derrocándolo. El expresidente indígena ya había señalado en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos:

“Ha utilizado esta guerra hipócrita para inducir una estrategia militar y geopolítica intervencionista en las zonas ricas de recursos naturales, para el control y saqueo de los mismos. Donde está instalada la DEA y las bases militares de Estados Unidos, crece el narcotráfico, la delincuencia, los gobiernos privatizadores, los sistemas judiciales y policíacos de la narcocorrupción, la riqueza ilegal, las élites millonarias corruptas servibles y funcionales al Imperio”.

Venezuela ha resistido medidas coercitivas en contra de la población encubiertas como acciones contra funcionarios. En una escalada de amenazas, el presidente estadounidense ha planteado la opción militar.

Según el Buró de Drogas y Crímenes de la ONU, con la invasión de Estados Unidos a Afganistán se habría incrementado de forma considerable el cultivo de la amapola, pues en 2007, el 93% de los opiáceos del mercado mundial procedían de Afganistán y, en la actualidad, la superficie de tierra dedicada a la producción de opio en territorio afgano superaría al del cultivo de la coca en América Latina, lo que ha convertido a la CIA en la mayor transnacional de la droga, según investigadores y analistas.

3. Vaya más allá de la guerra y los muertos

El Informe Mundial sobre las drogas de la ONU publicado en 2019 concluyó dos hechos contundentes: las muertes por consumo de drogas y el mercado ilegal alcanzan máximos históricos. Entre 2015 y 2017 la cantidad de muertes por sobredosis aumentó de 450 mil a 585 mil; seis de cada diez murieron por opioides, con lo que se alcanzó un nuevo récord en 2017 al reportarse más de 47 mil solo en Estados Unidos.

La producción de cocaína creció un 25% más que el año anterior; el 70% de esa producción, con una pureza de 100%, proviene de Colombia; y el cultivo de amapola en México aumentó un 21%, lo que llevó al país norteamericano a ser el segundo productor mundial de opio, detrás de Afganistán.

Aunque la droga incautada por las fuerzas de seguridad va en aumento, eso no parece afectar el consumo y la demanda por la droga encabezada por la sociedad estadounidense.

Analistas estadounidenses han manifestado que la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico ha fracasado en los objetivos aparentes, no así en la movilidad que da dicho negocio a los capitales financieros del Norte Global ni en el comercio de armas que estimula.

Cuando el debate sobre el Plan Colombia llegó al Congreso de los Estados Unidos en el año 2000, el senador Paul Wellstone demostró, mediante estudios de la Rand Corporation, que, para disminuir el consumo de drogas, era 23 veces más efectivo invertir en el tratamiento médico psiquiátrico a los consumidores que en la guerra en países productores. La indiferencia de los congresistas frente a las propuestas de Wellstone ya comprobaba el desinterés en disminuir el consumo y potenciar el negocio bélico.

La “cooperación” militar de Estados Unidos con México, segundo productor mundial de opio, también estuvo vinculada a la venta de armas por parte del complejo industrial-militar tanto a los cuerpos de seguridad como a las bandas narcoparamilitares, que dejó más de 100 mil personas muertas y otras 28 mil más desaparecidas en 10 años.

4. Asúmalo como un tema de soberanía integral

Venezuela no niega el rol que la demanda estadounidense y la oferta colombiana le han impuesto como ruta de tránsito, sin embargo un estudio reciente realizado por Geoff Ramsey y David Smilde revela que, entre 2012 y 2017, el flujo de cocaína colombiana con destino al norte a través de Venezuela estuvo asociado al incremento de la producción de la droga en territorio colombiano, no a la existencia de cultivos en territorio venezolano.

El Estado venezolano ha implementado el Plan Nacional Antidrogas 2019–2024 con un sentido de integralidad que no privilegia a la guerra sino que aborda al problema de las drogas como lo que es: Un fenómeno multidimensional.

Uno de los objetivos del Estado venezolano ha sido evitar que la droga proveniente de Colombia ingrese al territorio, salga o que se quede. Además, desde 2003 el país ha sido declarado territorio libre de cultivos ilícitos.

Hasta 2019 se habían incautado 640 toneladas de distintas drogas, fueron detenidos 152 jefes de organizaciones internacionales dedicadas a este delito en el territorio nacional y se efectuaron 199 operaciones militares para combatir el tráfico de drogas. Aproximadamente 26 millones de personas fueron abordadas directamente en las 155 mil actividades que implementó la institución, a través de programas en diversos ámbitos de acción.

El Plan Nacional Antidrogas se enmarca en la Gran Misión Cuadrantes de Paz que consiste en enfocar la política publica de prevención y de consolidación de la paz hasta un “cuadrante de paz”, que es un territorio de entre 2,5 y 5 km cuadrados, donde se mantiene presencia policial y actividades de prevención con otras instituciones que se encargan de la dimensión deportista, cultural, educativa o de salud impidiendo que los jóvenes opten por el hábito de alguna droga. A través de un observatorio de droga se priorizan algunos cuadrantes más proclives al microtráfico y se obtiene conocimiento geográfico de los nodos más problemáticos.

En 2019, Venezuela incautó más de 300 toneladas de sustancias químicas para la fabricación ilícita de drogas y 29 toneladas de distintos estupefacientes en procedimientos ejecutados por los organismos de seguridad. A diferencia de cuando Álvaro Uribe otorgaba permisos de vuelo desde la dirección de Aeronáutica Civil colombiana al cartel de Pablo Escobar en los años 80, se están destruyendo pistas clandestinas y se han neutralizado alrededor de 200 aeronaves. Asimismo, se han destruido 317 laboratorios donde se producía droga.

Se mantienen 53 acuerdos firmados con 39 países, además de los acuerdos con la ONU, y la Unión Europea dentro del foro Celac-UE que permiten un flujo de trabajo normal con los pares internacionales. La cooperación internacional se refleja en los resultados, la mayoría de los capos capturados y buscados al nivel internacional han sido extraditados o están en proceso de serlo; no traficaban en Venezuela pero, en cooperación con otras policías de América Latina u otros continentes, son arrestados y deportados, principalmente hacia Europa, Estados Unidos y Colombia.

Los informes de la ONU que se realizan con rigurosidad técnica muestran que la situación del narcotráfico en Venezuela está muy lejos de parecerse a la de Colombia donde la relación del gobierno con el narco es inocultable: va desde la compra de votos con dinero obtenido del lavado hasta funcionarios con laboratorios de cocaína en sus propiedades.

Asimismo está lejos de parecerse a la de Estados Unidos: desde 2012 una Subcomisión del Senado informaba que “cada año entre 300 mil millones de dólares y un billón de dólares de origen criminal son lavados por los bancos a través del mundo y la mitad de esos fondos transitan por los bancos estadounidenses”.

El capitalismo está impregnado del narcodinero, sin embargo las élites corporatocráticas utilizan el relato del narcoestado contra los países como Venezuela que está dentro de sus agendas de guerra no convencional y multiforme. El expediente mediático para construir la imagen del Estado fallido sigue su curso.