El informe denominado "Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela", elaborado por un grupo de abogados dependiente del Grupo de Lima y la Unión Europea (UE), señala a los colectivos sumados a distintos tipos de luchas sociales como "Grupos armados no estatales".
La llamada Misión de Determinación de Hechos surgió de la votación favorable del 40% de los miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH-ONU). Diecinueve Estados, que no reconocían a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, promovieron la resolución 42/25 el 27 de septiembre de 2019.
Con esa decisión quisieron avanzar en el intento de darle un tono formal a la guerra informativa y legal que busca deslegitimar al gobierno nacional y facilitar el camino para el asalto final a las instituciones por la vía no democrática.
Alineación con la narrativa del "Estado Paralelo"
El aparte que se refiere a los colectivos sociales está ubicado dentro del capítulo llamado Marco de Seguridad y les contrapone a las instituciones de seguridad del Estado. La columna vertebral argumentativa de dicha sección es una presunta investigación publicada por el medio InSight Crime, un centro de estudios con sede en Washington patrocinado por el multimillonario especulador financiero George Soros, en el que se criminaliza a los distintos grupos organizados en Venezuela.
Con base a la información puntual y sesgada que publicó el portal en 2018, la Misión determina que estas expresiones de poder popular "han mantenido una relación compleja con el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado", agregando que "en la práctica operan bajo estructuras de mando paralelas" y llegando a calificarlas de estructuras delictivas.
Al más puro estilo de otras narrativas fabricadas por los gobiernos de Estados Unidos, la Misión apela a versiones de "ex oficiales del Gobierno y el ejército" entre los que se cuenta el ex director del Servicio Bolivariano de Información (SEBIN), Cristopher Figuera, quien participó en el fracasado intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019.
La serie de señalamientos que buscan satanizar la relación entre el gobierno nacional y los distintos grupos organizados está acompañada de una campaña tan intensa como antigua que proviene de la arremetida golpista de 2002 y 2003.
En torno a los hechos del 11 de abril de 2002 la campaña mediática posicionó epítetos como "círculos del terror" y "círculos violentos" para referirse a los Círculos Bolivarianos, primera estructura de organización popular creada en 2001 por el entonces presidente Hugo Chávez.
Tanto los medios que organizaron aquel golpe de Estado como el informe de la Misión dependiente del Grupo de Lima y la UE llaman "Estado Paralelo" a quienes son actores fundamentales en la organización popular para incorporar a las comunidades a la gestión gubernamental para solucionar sus problemas locales.
Sin embargo, parte de la estrategia mediática que acompañó al golpe de abril fue culpar a los Círculos Bolivarianos de los hechos que produjeron 19 muertos y 37 heridos, usando el falso positivo que los hacía responsables de las acciones violentas que cometieron los francotiradores, presos y liberados por el breve gobierno del entonces presidente de Fedecámaras, cónclave de la élite empresarial, Pedro Carmona Estanga.
El pueblo salvando al pueblo
Durante las escaladas violentas organizadas por el antichavismo entre 2014 y 2017, mientras señalaban a los colectivos de cuanto delito se podía, los medios alineados al cambio de régimen ocultaban la acción de grupos de la "sociedad civil" que cerraban calles, destruían servicios públicos, asesinaban y herían cuidadanos a mansalva.
El informe de la Misión refiere que los colectivos cumplen un papel en el "mantenimiento del control social en los barrios o como informantes del Gobierno", pero en otros pasajes del mismo informe se habla del impacto de la violencia criminal en la sociedad venezolana.
Llama la atención que sea criticada la interacción de los cuerpos de seguridad con la población para mejorar los niveles de convivencia cuando es una política recomendada por los mismos organismos de derechos humanos.
Por otra parte, América Latina ha presenciado derrocamientos de gobiernos populares como los de Jacobo Árbenz (Guatemala, 1954) y Salvador Allende (Chile, 1973) a los que siguió la persecución, y hasta exterminio, de las organizaciones sociales y sus reivindicaciones. Mientras las burguesías han dispuesto de grupos paramilitares para entorpecer el avance de los derechos sociales, sus medios criminalizan a las comunidades que han asumido la defensa de su bienestar.
En un reportaje realizado en 2014 sobre los colectivos, el periodista francés Maurice Lemoine reseña declaraciones de miembros de colectivos ante las manifestaciones violentas con las que el antichavismo quiso derrocar al presidente Nicolás Maduro:
"Aquí no se toleran las guarimbas (…) No vamos a permitir que nos secuestren en nuestro propio barrio. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a salir a la calle y a defender sus derechos. Pero no a decapitar a motoristas (tendiendo hilos de acero que cruzan la calle a la altura de las personas) ni a disparar a la cabeza de un inocente (suerte corrida por varias personas desde el 12 de febrero)".
Entre 2014 y 2017 varios grupos de opositores generaron violencia en zonas populares de Caracas y otras ciudades utilizando el derecho a la protesta como excusa, saquearon y produjeron incendios de centros educativos, locales comerciales, instalaciones de salud y bibliotecas.
En algunos de esos eventos los colectivos y movimientos hicieron presencia para rechazar la violencia y defender tanto su derecho al libre tránsito como a la tranquilidad. Donde no fue así hubo hasta muertes por francotiradores, quemados y hasta electrocutados al intentar saquear.
¿De dónde es que viene la violencia y la criminalidad?
¿Es la democracia participativa un crimen?
Debido a que fue el fruto de muchas luchas sociales que costaron hasta la sangre de muchos venezolanos, la Constitución de 1999 y los derechos consagrados en ella buscan ser preservados, aplicados y profundizados por grupos de personas organizadas.
Se dedican a fines muy diversos siempre bajo un principio de corresponsabilidad: ecologistas, feministas, reivindicación de la diversidad sexual, educativos, culturales, deportivos, vecinales, recreativos, políticos o de defensa de la Nación, así lo expresa el documento "La Verdad de Venezuela contra la Infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio" (o La Verdad de Venezuela).
Estos pueden estar orientados por el gobierno, alguno de los partidos que lo apoyan o ser autónomos. Algunos de ellos emergieron en los años 60 y 70, procedentes tanto de la lucha armada como de la acción social, y han mantenido su línea de trabajo popular. La progresividad de logros durante la Revolución Bolivariana, sobre todo en la construcción de un tejido social fuerte, ha llevado a profundizar la movilización obrera, campesina, indígena, estudiantil o ciudadana multiplicando la conformación de colectivos.
La nueva relación de los ciudadanos con el Estado ha multiplicado también las formas de expresión directa de la soberanía popular, más allá del voto para elegir (referéndum, asambleas, iniciativas legislativas). Además se ha avanzado en mecanismos de participación en el diseño, ejecución y contraloría de las políticas públicas, esto se ha trasladado al Poder Legislativo mediante la noción de "pueblo legislador".
La concepción de los derechos humanos desarrollada por el chavismo establece interdependencia entre los llamados "derechos civiles" y los derechos socioeconómicos y ambientales, radicando al sujeto de derecho más allá de las élites. Por lo que la democracia participativa y protagónica busca estrechar la relación entre democracia y justicia socioeconómica y cultural.
Soros tras el lenguaje del montaje
El antichavismo explotó el término "sociedad civil" hasta que, derrotados por la movilización cívico-militar del 13 de abril, dejaron de utilizarlo para autodenominarse "alternativa democrática", entre otros.
En su intento de modelar el lenguaje para sus propósitos impusieron que lo colectivo y lo comunal son sinónimos de violencia criminal, caos, desorden, muerte, terror e ilegalidad. Han llamado "bandas armadas" o "milicias socialistas" a cuanta agrupación chavista se manifieste en la calle, no sin acusarles de sembrar el terror con toda impunidad.
La estrategia nacional de reconstrucción del líder de la oposición, Juan Guaidó, para Venezuela requerirá enfrentarse a los grupos colectivos que existen en el país y que siguen órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.https://t.co/OCZBpLEHbN
— InSight Crime ES (@InSightCrime_es) April 16, 2019
La Open Society Fundations de Soros, que patrocina a InSight Crime, es financiada por los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Suecia a través de sus embajadas en Bogotá. Dice el periodista Carlos Fazio que su director ejecutivo y cofundador es un ex oficial del ejército británico veterano de los conflictos en Bosnia e Irlanda del Norte llamado Jeremy McDermott, quien fue corresponsal de guerra en los Balcanes y Medio Oriente, y luego corresponsal de la BBC de Londres y el Daily Telegraph en Colombia, especializándose en narcotráfico, crimen organizado y el conflicto armado interno colombiano.
McDermott y su codirector, Steven Dudley, ex jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina, publicaron en abril pasado una "investigación" llamada "La Sinaloa venezolana: el narco llegó para quedarse en los límites con Colombia", que no cita ninguna fuente concreta.
Comenta Fazio que a lo largo del texto, las "evidencias" que confirmarían sus afirmaciones fueron obtenidas de "ganaderos entrevistados en la zona, cuya identidad será resguardada por seguridad"; "fuentes consultadas por InSight Crime en Machiques de Perijá"; "habitantes de San Felipe" (hoy "Sinaloa"); "testimonios obtenidos por InSight Crime en territorio venezolano" (sic). Se hace dudosa es la rigurosidad de la fuente utilizada por la Misión de abogados dependientes del Grupo de Lima.
En otro de los tantos reportajes en contra de los colectivos, InSight Crime publica una noticia en la que las paredes de 26 viviendas y establecimientos comerciales en 10 estados del país (Miranda, Anzoátegui, Táchira, Lara, Apure, Falcón, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y Mérida) amanecieron simultáneamente marcadas con mensajes amenazantes contra militantes de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, la mayoría en forma de graffitis firmados por los "colectivos" armados. Simultáneamente. Qué casualidad.
¿A quiénes sirven las bandas armadas?
En mayo pasado hubo un enfrentamiento a tiros, con armas largas, entre bandas de delincuentes en el barrio José Felix Ribas, parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda, durante ocho días. Se trataba de una supuesta disputa territorial entre la banda de "el Wilexis" y "el Gusano".
Los cuerpos de inteligencia determinaron que el agente de la DEA, Orlando Laufer, instruyó al presunto narcotraficante José Socorro, alias "Pépero", para presionar bajo amenaza a Richard Cammarano, socio de "el Wilexis", entre otros. El objetivo: que las bandas armadas orquestaran falsos enfrentamientos.
Socorro fue capturado en la Operación Negro Primero, es el capo que maneja el tráfico de droga colombiana en el centro del país y declaró mediante un video que los enfrentamientos eran una táctica para mantener distraídos a los cuerpos de seguridad.
El enfrentamiento entre bandas en Petare, sin bajas, formaba parte del plan de distracción acordado por la DEA con Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, "Wilexis" según lo confesó José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero pic.twitter.com/9ZKIYJ2QDK
— Teresa Maniglia (@tmaniglia) May 6, 2020
Con ello podrían cumplir con los planes de incursión de la Operación Gedeón dirigidos por el ex marine estadounidense Jordan Goudreau y el ex sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Sequea.
No es esta la única vinculación existente entre el antichavismo y las bandas criminales ni es la primera vez que el accionar de estas coincide con alguna maniobra conspirativa de quienes operan el favor de un cambio de régimen lejos de la participación política directa o indirecta.
Entretanto la Misión de Determinación de Hechos estigmatiza con sus "conclusiones" a todo un pueblo organizado bajo la figura de "colectivos" y que simplemente ejerce sus derechos a la asociación y la participación ciudadana, garantizados por la Constitución venezolana.