La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro anunció que entre el 5% y 10% de las acciones de varias empresas estatales serán ofertadas próximamente en el mercado bursátil, a través de las bolsas de valores que operan en el país, con el propósito de atraer inversión nacional e internacional.

Las compañías públicas de telecomunicaciones CANTV y Movilnet, la petroquímica Pequiven, empresas mixtas del sector petrolero y gasífero, y las empresas básicas de Guayana, fueron mencionadas por el mandatario para salir a bolsa y así lograr "el desarrollo de todas las empresas públicas" mediante esta fuente de financiamiento.

Hasta ahora

El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, la plaza bursátil de mayor protagonismo en el país, dijo que el mercado recibió positivamente el anuncio del presidente Maduro. Muestra de ello es que "las acciones Tipo «D» de Cantv han subido alrededor de 19%", expresó Pulido en una entrevista para Unión Radio, al poco tiempo de la alocución presidencial.

Algunos economistas de tendencia opositora han comentado que la medida es "improvisada", y se mostraron escépticos de que los inversionistas se sientan motivados a comprar las acciones.

En la entrevista con Unión Radio, Pulido aseguró que desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se vienen dando conversaciones para tantear el terreno y evaluar las posibilidades de salida a bolsa. Esto rebate la narrativa de supuesta improvisación y pone en vigor que el interés de participar en la operación ya existía antes del anuncio.

El 16 de mayo, el presidente de la entidad bursátil indicó que la inscripción de las empresas públicas en la pizarra de cotizaciones es un proceso rápido, pero alertó a los inversores a aumentar su exposición en bolívares para participar en las operaciones y mostró preocupación por la ausencia de banca corresponsal para viabilizar la participación de inversores extranjeros.

¿A qué factores responde el anuncio?

La medida anunciada tiene como objetivo, principalmente, levantar capitales frescos para invertir en la modernización tecnológica de estas empresas estatales, especialmente golpeadas en su prestación de servicios y sostenibilidad financiera por la prolongación del bloqueo económico internacional impulsado por Washington y la sequía de ingresos en divisas que ha producido en los últimos años.

Las restricciones impuestas por la guerra económica estadounidense se han traducido en la erosión de la renta petrolera percibida por el Estado, que durante años permitió inyectar recursos a las empresas nacionalizadas y mantener un precio subsidiado en las tarifas al público.

No obstante, la agresión económica externa, contabilizada en una pérdida del 99% de los ingresos petroleros entre 2014 y 2019, fracturó irremediablemente este esquema, y aunque tanto la producción petrolera como los precios internacionales del crudo se han venido recuperando, debido a la crisis geopolítica y militar que tiene lugar en Ucrania, el balance de deterioro tecnológico y fallas acumuladas en la prestación de servicios de las empresas estatales constituye una barrera para consolidar el ciclo actual de recuperación y reactivación económica.

Heterodoxia y la economía política de Maduro

La medida responde a las restricciones reales que gravitan en la realidad económica e implica una apuesta heterodoxa que busca construir un punto de equilibrio entre la propiedad estatal sobre sectores estratégicos y la garantía de su sostenibilidad mediante mecanismos no rentistas.

Por un lado, la imposibilidad de acceder a los mercados de capitales extranjeros para que las compañías públicas adquieran financiamiento fresco e invertir en tecnología, modernizar su plataforma y ofrecer un servicio estable a la población. Por otro, el alto encaje legal que persiste en el sistema financiero, uno de los factores que permitió abatir la hiperinflación y darle estabilidad al tipo de cambio en lo que va de año, no hace viable que la banca asuma el impulso que necesitan las compañías estatales.

Si bien el encaje disminuyó hace pocos meses de un 85% a un 73%, para de esa forma reanimar el impulso crediticio a la población y las empresas, el sector bancario actualmente no cuenta con la capacidad de financiar la inversión que necesitan las compañías estatales. Además, el gobierno venezolano sigue cuidándose de que un inusitado flujo de bolívares hacia el torrente económico disuelva lo logrado hasta ahora en términos de control de la inflación.

El cierre de las vías tradicionales de financiamiento ha obligado a explorar opciones alternativas. Es ahí donde el mercado de valores, que ha mostrado un crecimiento acelerado durante los últimos años, con una capitalización que se ha movido entre los 1 mil 200 y 3 mil millones de dólares, aparece como una alternativa para levantar capitales y financiamiento sin que el Estado se vea obligado a mover sus posiciones políticas frente a Estados Unidos.

Con esta apuesta, el presidente Maduro continúa dando forma a su propia economía política, construyendo su propia balanza heterodoxa entre pragmatismo económico y preservación del interés nacional derivado de la protección pública de los sectores estratégicos de la economía nacional.

Cálculos tácticos y prospectiva

El presidente Maduro, con la autorización de salida a bolsa de las empresas públicas, agrega una nueva capa de consolidación de su estrategia económica de resistencia, subordinando la apertura táctica al sector privado a los intereses estratégicos de la República y la Revolución Bolivariana: la venta de acciones apunta a recuperar los servicios públicos, la rentabilidad de las empresas públicas y el bienestar a la población mediante la captación de capitales privados.

De esta manera, como tesis central de su economía política, el Jefe del Estado logra que el dinero del sector privado sustente su agenda de recuperación y bienestar en beneficio del país. Así, afianza su posición de autoridad, transforma el estímulo empresarial en acumulación de poder y pone a trabajar sectores del capital privado, cuya alianza natural con Washington y Guaidó se ha ido desvaneciendo, en función de los objetivos de recuperación económica general, a cambio de espacios de rentabilidad e inversión controlados.

Las medidas de perfil pragmático han dado luz a la premisa, interesada y conducida políticamente con fines electorales, de que el primer mandatario nacional está protagonizando un proceso de privatización y "traicionando el legado de Chávez". Nada más lejos de la realidad. La medida no constituye una "privatización gradual", como afirman algunos, sino una iniciativa de democratización del capital estatal que asienta todavía más el carácter público de las empresas, pues abre espacio a que la sociedad participe en las operaciones de la compra de acciones y vea allí una oportunidad de ahorro e inversión.

Políticamente, la medida también indica el interés presidencial de seguir acumulando ventajas tácticas frente a las negociaciones en curso con Estados Unidos y los factores opositores, con las cuales busca consolidar los puntos innegociables de soberanía de la República y de reconocimiento institucional a su gobierno. Ante estas vías alternativas para debilitar el estrangulamiento del bloqueo, la oferta de flexibilizar las "sanciones" por parte de Washington, a cambio de concesiones estratégicas de carácter político, pierde potencia.

Por último, el frente de los servicios públicos es uno de los más sensible de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. El avance logrado hasta ahora en lo económico, con la configuración de un clima de estabilidad fundamentado en salarios que se van recuperando paulatinamente y nuevos estímulos de emprendimiento y bienestar, necesita de la mejora de los servicios públicos para consolidarse en el mediano plazo.

En este sentido el chavismo también se juega su 7 de espadas: reparar los niveles de confianza y credibilidad disminuidos por la agresión extranjera. Porque, en esta etapa, el horizonte de la Revolución Bolivariana se define más por la gestión que por los dogmas.