Durante una reunión con autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el presidente Nicolás Maduro exhortó a "incrementar la coordinación con las fuerzas militares de Colombia para combatir todas la amenazas a la paz, a la estabilidad y a la tranquilidad del pueblo de las regiones fronterizas".

El evento se realizó el pasado 12 de agosto y allí el mandatario resaltó el "impresionante" despliegue que los efectivos venezolanos realizan desde 2022 hasta la fecha en los 2 mil 219 kilómetros de frontera con Colombia, y aseguró que se trata del "mayor" en la historia de la FANB.

También ordenó "incrementar la presencia y la capacidad militar operativa para limpiar" las costas venezolanas de grupos criminales, así como en los estados Bolívar y Amazonas, para luchar contra la minería ilegal y sus campamentos que, "en buena parte, vienen de Colombia". Además instruyó activar todos los mecanismos necesarios para garantizar el resguardo adecuado de las elecciones presidenciales mediante el Plan República, para cuando se haga el llamado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pasado lunes 21, el mandatario insistió en la orden dada al Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) de incrementar el personal militar y a los milicianos en la Operación Autana 2023 hasta liberar por completo el Parque Nacional Yapacana y todos los parques de la minería ilegal. También mencionó la instrucción al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para hablar con su homólogo colombiano y tomar "acciones conjuntas en el combate de la minería ilegal".

La seguridad y defensa del territorio venezolano han formado parte vital de la agenda nacional y se han concentrado fuerzas en torno a este tema que posee distintas aristas, tanto en la cotidianidad ciudadana como en los giros de la geopolítica regional y global.

Soberanía amazónica

El mandatario ha aseverado que las operaciones militares en la Amazonía venezolana "se van a incrementar y se van a hacer permanentes", con el objetivo de cumplir con el compromiso que Venezuela hizo en la Cumbre Amazónica —celebrada recientemente en Brasil— de liberar esta región de la minería ilegal y "pasar a un proceso de reforestación, de regeneración". Informes de la FANB destacan que un total de 8 mil 187 "mineros ilegales" han sido evacuados por militares de la región en medio de operativos que comenzaron el pasado julio.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe Domingo Hernández Lárez, ha descrito a través de sus redes sociales el despliegue militar en el Parque Nacional Yapacana. Allí se han desmantelado estructuras y edificaciones usadas como campamentos de soporte para la minería ilegal por grupos armados generadores de violencia. Además se ha localizado armamento improvisado y equipos de telecomunicaciones.

Mediante operaciones en las inmediaciones de la población de La Esmeralda (municipio Alto Orinoco) se han incautado abastecimientos logísticos que sirven de apoyo a la actividad irregular y ha habido detenciones a miembros de grupos que forman parte de redes vinculadas al narcotráfico y operan también en el departamento de Guainía en Colombia.

Contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el sabotaje

La seguridad ciudadana y el resguardo a servicios públicos como el combustible y el gas doméstico han formado parte de las acciones de la FANB. Uno de los problemas del acceso a la energía ha sido el sabotaje a instalaciones de traslado de petróleo y derivados. En este sentido, se han desplegado operativos para combatir a los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en la región oriental e instalan tomas ilegales en los ductos que facilitan la actividad petrolera.

El sabotaje a instalaciones petroleras ha impedido que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) desarrolle los procesos que garanticen la distribución de gasolina, gasoil y gas a la población, así como el aumento de la rentabilidad para beneficio de la economía nacional. La Operación Escudo Bolivariano "Petróleo Soberano" ha acompañado a técnicos de la industria en la clausura de dichas tomas y ha detenido a miembros de los GEDO con armamento, vehículos y equipos de telecomunicaciones.

Por otra parte, la actividad del narcotráfico ha sido impactada con incautaciones de cargamentos y destrucción de pistas aéreas clandestinas. Tanto sustancias precursoras como la urea como cargamentos con mercancía ilícita han sido detectados e incautados en Bolívar, Zulia,Táchira y Carabobo, mientras que en el sur del lago de Maracaibo se han destruido pistas e inhabilitado aeronaves utilizadas para el traslado de sustancias ilegales. El pasado julio fue inutilizado el avión número 358; 35 de ellos solo en 2023.

Otras operaciones en Falcón y Sucre han destacado por desarticular la logística de la actividad del narcotráfico. En ellas se ha incautado combustible y se han destruido instalaciones de vigilancia (garitas) utilizadas por los GEDO para facilitar redes de suministro ilegal, trata de personas y contrabando.

Nuevos equilibrios: Defensa multifactorial contra la crisis inducida

El Sistema Defensivo Territorial pensado por el Comandante Hugo Chávez fue confirmado en la reforma de la Ley Constitucional de la FANB (enero 2020). Es una doctrina que incluye la participación social como motor para garantizar la paz y la estabilidad de la población. En tiempos de sanciones y bloqueo, se hace necesaria la visión geoestratégica de la Defensa Integral de la Nación.

Destaca la participación de la FANB en la recuperación de derechos como la educación y la salud, negados por las medidas de saqueo que han desposeído al Estado de los recursos necesarios para garantizarlos. Es así como las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) han desarrollado un despliegue que ha asegurado la operatividad de escuelas y hospitales.

Sin perder la mirada hacia lo nacional, y yendo más allá de nuestras fronteras, la estabilidad de Venezuela es fundamental en un entramado de procesos que ocurren en el mundo y que la vincula a escenarios geopolíticos y geoestratégicos interconectados. Estos son la geopolítica petrolera-energética actual, la geopolítica regional de América Latina y la geopolítica de las grandes potencias que se materializan en el Grupo de los 7 y los Brics.

Es de hacer notar cómo la disputa por el Esequibo incluye el interés energético de transnacionales petroleras debido a que en 2015 se descubrieron yacimientos en la zona marítima de esa región. Esto ha atraído la interferencia de estas empresas que poseen la capacidad de organizar guerras y desestabilizar regiones en función de sus intereses. Así toma sentido la instalación de un Faro Estratégico en la Fachada Atlántica venezolana, en particular en la isla Corocoro, adyacente al territorio Esequibo, reclamado por Caracas.

Asimismo, mantener la estabilidad de la industria petrolera permitiría su recuperación y, con ella, la de la economía nacional afectada por las sanciones contra Venezuela. Con este mecanismo de coerción, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias han sostenido la narrativa de "crisis migratoria y de derechos humanos" con la que han financiado operaciones de cambio de régimen, antes el "plan Guaidó" y actualmente la "ruta electoral".

Establecer nexos con Colombia y Brasil en cuanto a defensa integral permitiría trabajar en la estabilidad que garantice evitar la injerencia de Estados Unidos en la región bajo la excusa de la "lucha contra el terrorismo", como ha ocurrido en África, Asia Occidental (Medio Oriente) y el mismo país vecino, vía Plan Colombia.

Esto, sumado a la necesidad de establecer un polo geopolítico en América Latina, convoca al escalamiento de instituciones regionales, en el marco de las plataformas Celac, Unasur u OTCA, que impulsen la colaboración multilateral en materia presupuestaria, formativa, de combate al narcotráfico y criminalidad transnacional.

Por último, la cooperación militar de Venezuela con Rusia, China, India y otras potencias emergentes, en el ámbito de la multipolaridad y la autodeterminación, ha permitido que Venezuela cuente con el equipamiento y entrenamiento militar necesario para la defensa de la integridad territorial sin condicionamientos ni alineamientos que amenacen la soberanía en el manejo de sus recursos naturales, energéticos y no energéticos.

La reciente solicitud de ingreso a los Brics de Venezuela aparece como un reto ante la disputa global por recursos, los nuevos equilibrios y complejidades históricas en los que ni Estados Unidos ni sus satélites tienen la misma influencia.