Luego de conocerse los primeros anuncios del gobierno de Estados Unidos, tras la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, enfocados en la derogación de las licencias otorgadas en octubre de 2023 y que constituían una cierta flexibilización para las operaciones de PDVSA en gas y petróleo, distintos funcionarios del Estado venezolano respondieron a las exigencias de su contraparte estadounidense de forma clara.

Destacamos en esta ocasión lo manifestado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, señalando tres aspectos claves que nos permiten entender y analizar, en perspectiva geopolítica, el momento político actual.

• "Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EEUU."

A pesar de la narrativa hegemónica, la disputa actual no es entre gobierno y oposición, sino entre Estados Unidos y Venezuela, y las pretensiones reiteradas de estos en tratarnos neocolonialmente. En este sentido, la controversia va más allá de lo electoral y se plantea en términos de la existencia misma del Estado y del reconocimiento de su principal característica: el ejercicio soberano del poder.

Desconocer una decisión del TSJ implica desconocer una acción soberana del Estado y significa una violación flagrante de los principios de igualdad entre Estados y no injerencia contemplada en la Carta de las Naciones Unidas.

• "Quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación"

La cooperación entre Estados soberanos se fundamenta en los principios de buena fe como norma o regla de conducta y comportamiento entre estos. Mal se pudiera entender que, con un acto de agresión como lo constituye la (re)implementación de una sanción, se pudiera mantener la cooperación existente, como si no hubiese pasado nada.

La cooperación en materia migratoria y energética sigue siendo un punto de interés para ambos Estados y se debe manejar de esa manera. No hay espacios para ingenuidades en este nivel de negociación, ambos Estados actuarán en consecuencia a sus intereses nacionales.

Por consiguiente, la manipulación que cierta narrativa pretende darle a la posible suspensión de los vuelos de repatriación —contramedida asomada por Venezuela— desconoce que quien promueve la salida de migrantes venezolanos es el gobierno de Estados Unidos con su desacertada política sancionatoria contra Venezuela, siendo ellos mismos quienes no aceptan a las y los venezolanos en su territorio.

• "Venezuela, inspirada en su gloria y dignidad histórica, seguirá su empeño por recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional"

La senda de crecimiento que viene consolidando el país responde a la estabilidad política, económica y social que con esfuerzo propio viene materializando el pueblo. A pesar de que la (re)implantación pretende socavar esa senda recorrida desde el año 2021, se parte de la convicción de que existe un plan que permitirá seguir avanzando en este sendero. El escenario de sanción no es nuevo para las autoridades venezolanas.

Así, una primera conclusión, y a sabiendas de lo dinámico del tema, detrás del posicionamiento de la Vicepresidenta lo constituye la denuncia continua del cuestionamiento a la soberanía nacional y legitimidad de las instituciones venezolanas; toda negociación que se desarrolle a lo interno o externo del país debe partir de ese hecho incuestionable. Por encima de la Constitución no puede haber negociación ni acuerdo posible.