La Asamblea Nacional de Venezuela ha recibido un Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares, con el objeto de sancionar a quienes promovieron y promuevan hechos de violencia en el país, como ocurrieron en 2014, 2015 y 2017. Este documento busca hacer frente a estas expresiones en Venezuela, que han marcado momentos críticos en la historia contemporánea de la nación.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el proyecto de ley ante el pleno del parlamento, y destacó eventos claves como los sucesos de 2014 y 2017. En esos años dirigentes extremistas de oposición propiciaron la violencia y desafiaron los principios democráticos e institucionales, al tiempo que alimentaron en sus seguidores el odio, racismo, clasismo y otros elementos de supuesta superioridad.

En el caso de "La salida" se registraron 43 muertos y 878 heridos; mientras que en las "guarimbas" de 2017 hubo 121 fallecidos y 1958 heridos. Estos eventos estuvieron signados por crímenes de odio de gran magnitud, como el caso del joven Orlando Figuera, quien fue víctima de un brutal ataque durante una protesta antigubernamental en el que fue apuñalado y quemado vivo por manifestantes.

Con el rechazo que generó esto en la gran mayoría de la sociedad venezolana se pensaría que son precedentes a los que nadie querría volver, pero sabemos que dentro de las filas de la oposición siguen existiendo sectores que, aunque en la actualidad fingen querer ser partícipes de la vida institucional del país, en realidad no renuncian a repetir planes de insurgencia similares, los cuales van siendo abonados paralelamente con amenazas, conspiraciones y llamados a tomar las calles cada vez que el desarrollo del cronograma para las elecciones presidenciales no se da como ellos quieren. Así lo confirman las acciones de María Corina Machado y su partido Vente Venezuela que, conscientes de que su candidatura es inviable por la inhabilitación política, alientan escenarios de violencia con la mira puesta en dinamitar la ruta comicial.

En ese sentido, la Vicepresidenta explicó que esta ley, que consta de cuatro capítulos y 30 artículos, tiene como objetivo proteger la sociedad venezolana del surgimiento de tendencias fascistas o similares, y promover un ambiente de paz, convivencia democrática y respeto a la diversidad. Algunos aspectos destacados del documento son las caracterizaciones de lo que implica el fascismo y el neofascismo y, en consecuencia, las medidas de protección contra estos flagelos, así como la prohibición de divulgación de mensajes o propagandas que hagan apología a ellos.

Fascismo: postura ideológica basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y/o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad.

Neofascismo y expresiones similares: toda postura ideológica o expresión independientemente de su denominación que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo.

El proyecto de ley también establece la creación de una Alta Comisión de lucha contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y señala las sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos de naturaleza fascista.

Además de su expresión en la violencia política y social, el proyecto de ley también surge de la necesidad de proteger el país de las expresiones de fascismo en forma de violencia económica que, señaló la Vicepresidenta,  se identifican en la promoción de las sanciones contra el país, puesto que esto propicia un exterminio social al atacar las clases más vulnerables de la población venezolana.

Cómo se Legisla contra el fascismo en otros países

Durante su intervención, la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo referencia al origen del fascismo en Europa y al respaldo que este recibió por parte de Estados Unidos, que vio en estos movimientos extremistas una oportunidad para frenar la organización y expansión del comunismo.

Por esta razón, no resulta sorprendente encontrar precedentes legales en Estados europeos contra la promoción del fascismo, lo que fortalece la iniciativa de Venezuela en aras de buscar mecanismos para proteger su sociedad de esta corriente extremista. Específicamente, países como Italia y Alemania tienen leyes que prohíben la apología del nazismo y el fascismo, y castigan con penas de cárcel a quienes infrinjan dicha normativa.

Desde 2005 el Código Penal alemán considera la exaltación del nazismo como un delito de incitación al odio racial, con penas de hasta tres años de prisión para quienes promuevan o glorifiquen esta ideología. De manera similar, aquellos que fomenten otros tipos de odio y xenofobia, o que pongan en peligro la paz pública por motivos religiosos, raciales o de creencias, pueden enfrentar penas de tres a cinco años de cárcel.

Las medidas tomadas por Italia para prevenir la resurgencia de odios del pasado y frenar las ideologías de extrema derecha incluyen la Ley de Scelba de 1952, que prohíbe cualquier intento de organizaciones o individuos de revivir el Partido Fascista Republicano fundado por Benito Mussolini. Asimismo, el artículo 293 del Código Penal establece como delito la apología al fascismo, la reconstrucción del partido fascista, la propaganda relacionada con estas ideologías, y la exhibición de simbología referente a ellas, con penas que van desde dos hasta cuatro años de prisión, dependiendo del caso.

A pesar de esto, en Europa se ha observado un resurgimiento de corrientes de extrema derecha, fascismo y neofascismo. La Federación Rusa se ha visto enfrentada militarmente en el terreno de combate ucraniano. El país euroasiático también ha legislado contra el extremismo, aunque irónicamente la Unión Europea ha ido en contra de estas medidas.

El Código Penal de la Federación Rusa establece la responsabilidad por incitar a la hostilidad entre naciones y promover el extremismo contra personas de diferentes nacionalidades, razas, géneros, afiliaciones lingüísticas o religiosas. Es considerado inadmisible humillar a otros ciudadanos con base en estos criterios, tal como se detalla en el artículo 282, Parte 1, del mencionado Código Penal.

La política estatal rusa en relación con la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (Ley Federal de 19 de mayo de 1995 No. 80-FZ) aborda un artículo dedicado a la lucha contra el fascismo, que es uno de los aspectos fundamentales para perpetuar esa victoria. En ese contexto, existen medidas para evitar la creación y actividades de organizaciones y movimientos fascistas en territorio ruso. Además, está prohibido el uso y la exhibición pública de parafernalia o símbolos nazis, así como materiales extremistas con imágenes de líderes de grupos u organizaciones reconocidos como delictivos en el Tribunal de Nuremberg. También se prohíbe la propaganda o exhibición pública de símbolos relacionados con colaboradores de grupos delictivos.

Adicionalmente, la Ley Federal de 25 de julio de 2022 No. 114-FZ, "Sobre la lucha contra las actividades extremistas", proporciona una clara definición del extremismo y establece las áreas de acción para combatir este tipo de actividades en la sociedad. Se enfoca en la prevención de delitos extremistas, la identificación de causas y condiciones que los propician, y la represión de cualquier intento de cometer actos extremistas. También destaca la importancia de la participación de organizaciones públicas y ciudadanos en esta labor.

La ley define lo que se considera una organización extremista y los materiales extremistas, y se mencionan ejemplos, como trabajos de líderes del Partido Nazi de Alemania o el Partido Fascista, así como publicaciones que fundamenten la superioridad nacional o racial.

Con el objetivo de preservar la paz institucional y la estabilidad nacional, logradas con esfuerzo durante los últimos años bajo el gobierno del presidente Maduro, en un contexto marcado por agresiones políticas y económicas a escala nacional, así como por el surgimiento de ideologías extremistas internacionalmente, se ha vuelto imperativo fortalecer este espacio de lucha contra el fascismo.

De ahí la importancia de la futura aprobación del proyecto de ley entregado a la Asamblea Nacional, ya que a partir de eso se podrán tomar medidas eficaces tanto para erradicar los fundamentos de este mal social, como para imponer sanciones penales a quienes intenten fomentarlo.