En la sesión del día de ayer del Consejo de Defensa y de Estado, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, expuso un informe exhaustivo sobre los actos de violencia ocurridos tras los comicios del 28 de julio.
Rodríguez atribuyó la escalada de violencia y caos acaecida después de los resultados electorales a la agenda extremista encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes incitaron una ola de acciones traducida en una serie de delitos que vulneraron derechos fundamentales consagrados en la Constitución nacional.
De acuerdo con el informe de la Vicepresidenta, se documentaron 25 víctimas fatales, con un alarmante 59% de ellas perteneciente a la franja etaria de 15 a 29 años. Este dato refleja una inquietante tendencia histórica de la extrema derecha venezolana: la instrumentalización de la juventud como carne de cañón y vanguardia sacrificable de las operaciones de cambio de régimen, convertida en su principal activo demográfico desde la revolución de colores del año 2007.
La mayoría de los incidentes, según la información presentada por Rodríguez, se concentró en el Distrito Capital y en el estado Aragua, siendo el 29 de julio el día más violento, con 71% de las muertes registradas en un corto periodo. Ambas regiones han fungido como escenarios de desestabilización, apuntalados por organizaciones criminales y delictivas asentadas en la región central del país. A partir de este dato se puede observar un patrón de tipo territorial que reprodujo, en la coyuntura golpista de 2024, la lógica de actuación de los ciclos de violencia política y armada de 2014 y 2017.
La vicepresidenta Rodríguez, además, subrayó que 76,2% de los incidentes ocurrió en el marco de manifestaciones violentas, lo que evidencia la naturaleza planificada y organizada tanto de los eventos como de sus lamentables consecuencias.
El informe también reveló que 131 personas resultaron heridas. 88% de los lesionados fueron hombres, entre los cuales 74% fueron funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Más de 253 puestos policiales fueron atacados, lo que indica una estrategia orientada a provocar una reacción inmanejable de las fuerzas de seguridad del Estado para prolongar la agenda de violencia.
La Vicepresidenta Ejecutiva hizo hincapié en la destrucción de bienes públicos y privados, incluidas instalaciones educativas y de salud.
En la misma sesión, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, presentó un informe sobre los ataques cibernéticos dirigidos contra Venezuela, correlato en la esfera cibernética y digital de los daños materiales y humanos expuestos por la Vicepresidenta de la República.
Un total de 25 instituciones del Estado, acorde con la información presentada por Jiménez, fue blanco de ciberataques, y se están investigando otros 40 casos que involucran entidades gubernamentales, empresas, alcaldías, gobernaciones, así como medios de comunicación privados.
65% de los ataques se clasificó como "denegación de servicio", lo que ha provocado serias interrupciones en los servidores de las instituciones estatales y en los enlaces internacionales que proporcionan internet al país.
Se registraron hasta 30 millones de ataques por minuto, con un incremento constante a lo largo de las 24 horas.
La Ministra hizo alusión a la alta sofisticación, volumen, financiamiento y diversidad de los embates, y enfatizó en las matrices de intimidación usadas con el fin de generar un clima de caos e inseguridad.
La recopilación de estos casos ilustra de manera precisa cómo el escenario de desestabilización postelectoral se centró en la implementación combinada de herramientas de naturaleza criminal y cibernética.
Dicha escalada pretendía fabricar una amplia percepción de zozobra e inseguridad que permeara por completo la vida social, terreno fértil para la proliferación y agravamiento de la violencia en distintos ámbitos, en el marco de la agenda golpista.